Collado insiste en que un informe de la Diputación avalaba los pagos del festival
El exalcalde confía en el archivo de la causa por supuesta prevaricación El gobierno denuncia un abono de 351.542 euros García acredita que no era concejal cuando el asunto fue al Pleno
A. R. jimena | Actualizado 13.02.2014 - 01:00
Pascual Collado (izquierda), Fernando Gómez (arriba a la derecha) y Andrés Beffa (abajo), ayer en el interior de los juzgados de San Roque, donde prestaron declaración.
El exalcalde de Jimena Pascual Collado declaró ayer como imputado por un supuesto delito de prevaricación administrativa en el procedimiento judicial que analiza los pagos del anterior gobierno (del PSOE) a la empresa organizadora del Festival Internacional de Música. El antiguo primer edil sostuvo que defendió ante el titular del Juzgado Mixto número 1 de San Roque -instructor de la causa- que los pagos ordenados y aprobados por el Pleno municipal en marzo de 2010 estaban avalados por un informe del Servicio de Atención al Municipio (SAM) de la Diputación Provincial de Cádiz.
La causa fue abierta tras la denuncia del actual gobierno local del PP al entender que Gremio Animación operaba a riesgo y ventura en la organización del evento -según los convenios firmados en su día- y, por tanto, no había lugar a los desembolsos por parte de la entidad local que, en total, sumaron 351.542,70 euros. Otros cuatro ediles del anterior periodo corporativo, Andrés Beffa, Mercedes Segovia, Fernando Gómez y Jesús Rodríguez, también declararon ayer como imputados.
El procedimiento se encuentra en fase de instrucción de las diligencias previas. Tras la toma de declaración, el juez debe decidir si continúa adelante y abre juicio o decreta el sobreseimiento. La defensa de los socialistas, de hecho, pedirá el archivo de la causa.
En el auto de imputación original también aparecía la exconcejal socialista Noelia García, si bien ésta acreditó que cuando el Pleno municipal acordó los pagos (en marzo de 2010), ya no era edil, por lo que solicitó su desimputación y desvinculación del expediente.
García fue la primera en entrar al despacho judicial y salió a los pocos minutos. Según explicó a Europa Sur, presentó varios documentos: el escrito de renuncia al acta de concejal, fechado el 27 de enero de 2010; el acta de la renuncia efectiva (10 de febrero de 2010) y un escrito de la secretaría para acreditar que fue concejal desde el 16 de julio de 2007 hasta principios de 2010.
"Obviamente, no estuve en el Pleno donde se acordaron los pagos, por lo que exijo al alcalde actual, Guillermo Ruiz, una disculpa por el trastorno y por haber manchado mi nombre. Debería ser más cuidadoso con este tipo de cosas. Le pido también que sea más diligente y, a la vista del fallo a la hora de denunciarme, temo por la gestión que hace del Ayuntamiento", explicó a su salida de la sede judicial. En caso de no recibir las disculpas, sostuvo que tomará acciones legales.
Justo después entró Collado, si bien la instrucción ya llevaba retraso porque hubo problemas informáticos. El anterior alcalde estuvo algo más de una hora y media y, a su salida, dijo a Europa Sur estar tranquilo y confiar en el sobreseimiento. "El informe de la Diputación nos avalaba para el reconocimiento del crédito que se hizo a la empresa Gremio derivado de la gestión del festival en años anteriores", explicó Collado, quien valoró que la causa ha sido interpuesta por una disparidad de criterios a la hora de interpretar dicho informe entre su gobierno y el actual que encabeza Guillermo Ruiz (PP).
"El informe al órgano supramunicipal se solicitó precisamente por la falta que tenía el Ayuntamiento de Jimena de un interventor y secretario habilitado. No los teníamos en aquel momento y recurrimos a la Diputación Provincial para asesorarnos y tomar una decisión que entendemos correcta", dijo Collado.
La denuncia del gobierno se cursó contra los concejales socialistas que asistieron a aquella sesión y votaron a favor del reconocimiento de crédito (con independencia de la situación de Noelia García ya descrita). "Nosotros intentamos que no fuera gravoso para el Ayuntamiento ni para el proveedor. Por eso pedimos el informe al SAM y, a la vista de las declaraciones, el sobreseimiento", subrayó.
Andrés Beffa y Fernando Gómez también manifestaron ante este periódico la existencia del informe del SAM y que en él basarían su defensa en un procedimiento que calificaron más como cargado de una intencionalidad política que para resolver dudas administrativas. Todos se mostraron tranquilos a pesar de la espera, que se dilató durante varias horas.
Las declaraciones estaban fijadas para el pasado martes 4, si bien el juez aceptó un aplazamiento dado que el auto de imputación se emitió con poco margen de tiempo. Collado reconoció que en ese momento siquiera tenía abogado y requirió de más plazo para recopilar información y preparar su comparecencia.
La causa fue abierta tras la denuncia del actual gobierno local del PP al entender que Gremio Animación operaba a riesgo y ventura en la organización del evento -según los convenios firmados en su día- y, por tanto, no había lugar a los desembolsos por parte de la entidad local que, en total, sumaron 351.542,70 euros. Otros cuatro ediles del anterior periodo corporativo, Andrés Beffa, Mercedes Segovia, Fernando Gómez y Jesús Rodríguez, también declararon ayer como imputados.
El procedimiento se encuentra en fase de instrucción de las diligencias previas. Tras la toma de declaración, el juez debe decidir si continúa adelante y abre juicio o decreta el sobreseimiento. La defensa de los socialistas, de hecho, pedirá el archivo de la causa.
En el auto de imputación original también aparecía la exconcejal socialista Noelia García, si bien ésta acreditó que cuando el Pleno municipal acordó los pagos (en marzo de 2010), ya no era edil, por lo que solicitó su desimputación y desvinculación del expediente.
García fue la primera en entrar al despacho judicial y salió a los pocos minutos. Según explicó a Europa Sur, presentó varios documentos: el escrito de renuncia al acta de concejal, fechado el 27 de enero de 2010; el acta de la renuncia efectiva (10 de febrero de 2010) y un escrito de la secretaría para acreditar que fue concejal desde el 16 de julio de 2007 hasta principios de 2010.
"Obviamente, no estuve en el Pleno donde se acordaron los pagos, por lo que exijo al alcalde actual, Guillermo Ruiz, una disculpa por el trastorno y por haber manchado mi nombre. Debería ser más cuidadoso con este tipo de cosas. Le pido también que sea más diligente y, a la vista del fallo a la hora de denunciarme, temo por la gestión que hace del Ayuntamiento", explicó a su salida de la sede judicial. En caso de no recibir las disculpas, sostuvo que tomará acciones legales.
Justo después entró Collado, si bien la instrucción ya llevaba retraso porque hubo problemas informáticos. El anterior alcalde estuvo algo más de una hora y media y, a su salida, dijo a Europa Sur estar tranquilo y confiar en el sobreseimiento. "El informe de la Diputación nos avalaba para el reconocimiento del crédito que se hizo a la empresa Gremio derivado de la gestión del festival en años anteriores", explicó Collado, quien valoró que la causa ha sido interpuesta por una disparidad de criterios a la hora de interpretar dicho informe entre su gobierno y el actual que encabeza Guillermo Ruiz (PP).
"El informe al órgano supramunicipal se solicitó precisamente por la falta que tenía el Ayuntamiento de Jimena de un interventor y secretario habilitado. No los teníamos en aquel momento y recurrimos a la Diputación Provincial para asesorarnos y tomar una decisión que entendemos correcta", dijo Collado.
La denuncia del gobierno se cursó contra los concejales socialistas que asistieron a aquella sesión y votaron a favor del reconocimiento de crédito (con independencia de la situación de Noelia García ya descrita). "Nosotros intentamos que no fuera gravoso para el Ayuntamiento ni para el proveedor. Por eso pedimos el informe al SAM y, a la vista de las declaraciones, el sobreseimiento", subrayó.
Andrés Beffa y Fernando Gómez también manifestaron ante este periódico la existencia del informe del SAM y que en él basarían su defensa en un procedimiento que calificaron más como cargado de una intencionalidad política que para resolver dudas administrativas. Todos se mostraron tranquilos a pesar de la espera, que se dilató durante varias horas.
Las declaraciones estaban fijadas para el pasado martes 4, si bien el juez aceptó un aplazamiento dado que el auto de imputación se emitió con poco margen de tiempo. Collado reconoció que en ese momento siquiera tenía abogado y requirió de más plazo para recopilar información y preparar su comparecencia.
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