Las bajas pensiones en el medio rural obligan a muchos agricultores jubilados a mantener los derechos de la PAC.
Olatz Ruiz , los primeros efectos de la reforma | Actualizado 18.02.2014 - 15:27 
Las ayudas de la PAC se convierten a menudo en complemento de la pensión.
El presidente de Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), Fernando Miranda, está esforzándose en estos días en explicar en qué consiste la aplicación de la definición de "agricultor activo" en la nueva Política Agraria Común (PAC).
Aunque muchos consideran que el paso dado para apartar a los "agricultores de sofá" del cobro de ayudas, Miranda entiende que se ha dado un paso importante. Deja claro que la medida se aplicará a quienes reciban más de 1.250 euros de ayudas PAC. Según cálculos realizados por el propio Ministerio de Agricultura, afectará a 71.476 productores de toda España y supondrá que unos 550 millones de euros pasen de agricultores sin actividad a otros que sí la tienen en la misma comarca.
A la lista negativa de beneficiarios establecida desde Bruselas por la que se excluye de las ayudas a aeropuertos, servicios ferroviarios, servicios inmobiliarios, instalaciones de abastecimiento de agua, instalaciones deportivas y recreativas, España ha añadido más supuestos.
Según Miranda, se va a intentar evitar que cobren ayudas quienes reciben fondos por pastos pero que no tienen actividad ganadera. Se exigirá que al menos el 20% de sus ingresos proceden de actividades agrarias y el beneficiario deberá demostrar que realiza labores en las fincas, al menos, alguna vez en tres años, admitiendo así la inclusión de barbechos.
Sin embargo, estas medidas para apartar de la PAC a los "agricultores de sofá" tiene como principales perjudicados a muchos jubilados que utilizan las ayudas comunitarias para completar sus, frecuentemente exiguas pensiones. De hecho, se empieza a detectar que algunos agricultores mayores, que mantienen los derechos de la PAC y con pequeñas explotaciones, están buscando ya quién puede hacerles una factura para intentar demostrar que tienen ingresos por ventas de productos agrarios, aunque ya no tengan actividad.
Estos movimientos en el campo español no se le escapan al FEGA que ya elaboró un informe en el concluía que las ayudas directas que reciben los agricultores y ganaderos van a parar mayoritariamente a productores en edad de jubilación y muchas veces sin relevo generacional a la vista, un rasgo inquietante del sector y una auténtica incógnita sobre su continuidad en el futuro.
Los datos sobre el reparto de las ayudas directas de la PAC en el ejercicio 2012 ponen de manifiesto que de los 245.883 perceptores andaluces de los pagos directos, 142.900 cuentan con más de 55 años, esto es, que más del 58% de estos agricultores tienen en estas ayudas su especial "plan de pensiones". Lo que estos mayores de 55 años perciben de media de la PAC se aproxima a unos 4.500 euros anuales. Sin embargo, hay que tener en cuenta que con 55 años estos agricultores normalmente están activos en sus explotaciones y con muchos años de dedicación real por delante.
Del total del número de beneficiarios andaluces, son 92.133 los que superan los 65 años y los que podrían considerar estos fondos como una pensión aunque no estén efectivamente jubilados. Constituyen el 37,47% del total de los perceptores, un porcentaje ligeramente menor que el 40,57% del total de los beneficiarios de la PAC de esa edad en España.
Los beneficiarios de ayudas mayores de 55 años suman, además, más del 60% del importe total de las ayudas directas que llegan a Andalucía, pues sus cultivos y explotaciones son los más amparados por las subvenciones. Explotaciones de producciones excluidas de la PAC, como frutas y hortalizas, están generalmente en manos más jóvenes.
Complemento a la jubilación
También hay que tener en cuenta que las cuantías de las jubilaciones del sector agrario, concretamente las ya incorporadas en el régimen de autónomos, son sensiblemente inferiores a la media del régimen general de la Seguridad Social. Antes de la conversión del Régimen Agrario de la Seguridad Social en el RETA, la pensión de los agricultores, era un 30% más baja que la del resto de trabajadores, situándose en enero de 2010 en los 518 euros frente a los 772 que percibió la media de jubilados
La pasada semana, el ministro Miguel Arias Cañete detallaba en el Congreso la negociación de la PAC y señalaba los avances conseguidos en el diseño de un modelo que oriente los pagos directos hacia una agricultura realmente activa. Según Arias Cañete, "ésta es la primera vez en la historia que se establecen este tipo de criterios para la concesión de las ayudas del primer pilar de la PAC".
Es decir, que los beneficiarios de las ayudas directas ahora sí que tendrán que ser activos, ya que el beneficiario de las ayudas deberá ser el responsable de la actividad económica que declara, el que corra con el riesgo empresarial de la actividad, de la que debe obtener ingresos más allá de las ayudas. Para el ministro "esta mejor orientación de las ayudas era necesaria para evitar el abandono de la actividad agraria" .
COAG y UPA sospechan del reparto
Las organizaciones agrarias COAG y UPA han mostrado su incertidumbre ante la aplicación en España de la nueva Política Agraria Común. El sector sospecha de que el diseño del proceso pueda estar beneficiando a determinados propietarios de tierras que podrían llevar meses contando con información privilegiada y realizando movimientos para resultar beneficiados.
UPA y COAG creen que, como mínimo, todos los agricultores perderán un 13% de las ayudas del pago básico más el pago greening, en comparación con el pago único del sistema anterior.
Para ambas organizaciones, la decisión de basar la decisión de la reforma de la PAC en el mantenimiento de las ayudas actuales tiene como consecuencia que salgan perjudicados los profesionales de la agricultura en general, "así como los agricultores jóvenes y determinados sectores productivos muy dinámicos en nuestro modelo de agricultura".
Asimismo, UPA y COAG consideran que en la elección de los años de referencia se ha dado oportunidad a la especulación, pudiendo beneficiarse determinados perceptores de ayudas. "Todo ello debería haberse aclarado en el momento oportuno", afirman.
Los cálculos hablan de que 70.000 perceptores de ayudas saldrían del sistema por la aplicación de la definición del "agricultor en activo". Sin embargo, UPA y COAG consideran que la definición es "tan laxa" que está permitiendo que aquellos productores que pudieran verse afectados por la medida "tomen decisiones para que eso no ocurra". "Lo único que tienen que hacer es incrementar los ingresos por venta de productos necesarios para cumplir con el 20% del total de ingresos agrarios. Además, tienen dos años para conseguirlo, hasta 2015", concluyen.
Aunque muchos consideran que el paso dado para apartar a los "agricultores de sofá" del cobro de ayudas, Miranda entiende que se ha dado un paso importante. Deja claro que la medida se aplicará a quienes reciban más de 1.250 euros de ayudas PAC. Según cálculos realizados por el propio Ministerio de Agricultura, afectará a 71.476 productores de toda España y supondrá que unos 550 millones de euros pasen de agricultores sin actividad a otros que sí la tienen en la misma comarca.
A la lista negativa de beneficiarios establecida desde Bruselas por la que se excluye de las ayudas a aeropuertos, servicios ferroviarios, servicios inmobiliarios, instalaciones de abastecimiento de agua, instalaciones deportivas y recreativas, España ha añadido más supuestos.
Según Miranda, se va a intentar evitar que cobren ayudas quienes reciben fondos por pastos pero que no tienen actividad ganadera. Se exigirá que al menos el 20% de sus ingresos proceden de actividades agrarias y el beneficiario deberá demostrar que realiza labores en las fincas, al menos, alguna vez en tres años, admitiendo así la inclusión de barbechos.
Sin embargo, estas medidas para apartar de la PAC a los "agricultores de sofá" tiene como principales perjudicados a muchos jubilados que utilizan las ayudas comunitarias para completar sus, frecuentemente exiguas pensiones. De hecho, se empieza a detectar que algunos agricultores mayores, que mantienen los derechos de la PAC y con pequeñas explotaciones, están buscando ya quién puede hacerles una factura para intentar demostrar que tienen ingresos por ventas de productos agrarios, aunque ya no tengan actividad.
Estos movimientos en el campo español no se le escapan al FEGA que ya elaboró un informe en el concluía que las ayudas directas que reciben los agricultores y ganaderos van a parar mayoritariamente a productores en edad de jubilación y muchas veces sin relevo generacional a la vista, un rasgo inquietante del sector y una auténtica incógnita sobre su continuidad en el futuro.
Los datos sobre el reparto de las ayudas directas de la PAC en el ejercicio 2012 ponen de manifiesto que de los 245.883 perceptores andaluces de los pagos directos, 142.900 cuentan con más de 55 años, esto es, que más del 58% de estos agricultores tienen en estas ayudas su especial "plan de pensiones". Lo que estos mayores de 55 años perciben de media de la PAC se aproxima a unos 4.500 euros anuales. Sin embargo, hay que tener en cuenta que con 55 años estos agricultores normalmente están activos en sus explotaciones y con muchos años de dedicación real por delante.
Del total del número de beneficiarios andaluces, son 92.133 los que superan los 65 años y los que podrían considerar estos fondos como una pensión aunque no estén efectivamente jubilados. Constituyen el 37,47% del total de los perceptores, un porcentaje ligeramente menor que el 40,57% del total de los beneficiarios de la PAC de esa edad en España.
Los beneficiarios de ayudas mayores de 55 años suman, además, más del 60% del importe total de las ayudas directas que llegan a Andalucía, pues sus cultivos y explotaciones son los más amparados por las subvenciones. Explotaciones de producciones excluidas de la PAC, como frutas y hortalizas, están generalmente en manos más jóvenes.
Complemento a la jubilación
También hay que tener en cuenta que las cuantías de las jubilaciones del sector agrario, concretamente las ya incorporadas en el régimen de autónomos, son sensiblemente inferiores a la media del régimen general de la Seguridad Social. Antes de la conversión del Régimen Agrario de la Seguridad Social en el RETA, la pensión de los agricultores, era un 30% más baja que la del resto de trabajadores, situándose en enero de 2010 en los 518 euros frente a los 772 que percibió la media de jubilados
La pasada semana, el ministro Miguel Arias Cañete detallaba en el Congreso la negociación de la PAC y señalaba los avances conseguidos en el diseño de un modelo que oriente los pagos directos hacia una agricultura realmente activa. Según Arias Cañete, "ésta es la primera vez en la historia que se establecen este tipo de criterios para la concesión de las ayudas del primer pilar de la PAC".
Es decir, que los beneficiarios de las ayudas directas ahora sí que tendrán que ser activos, ya que el beneficiario de las ayudas deberá ser el responsable de la actividad económica que declara, el que corra con el riesgo empresarial de la actividad, de la que debe obtener ingresos más allá de las ayudas. Para el ministro "esta mejor orientación de las ayudas era necesaria para evitar el abandono de la actividad agraria" .
COAG y UPA sospechan del reparto
Las organizaciones agrarias COAG y UPA han mostrado su incertidumbre ante la aplicación en España de la nueva Política Agraria Común. El sector sospecha de que el diseño del proceso pueda estar beneficiando a determinados propietarios de tierras que podrían llevar meses contando con información privilegiada y realizando movimientos para resultar beneficiados.
UPA y COAG creen que, como mínimo, todos los agricultores perderán un 13% de las ayudas del pago básico más el pago greening, en comparación con el pago único del sistema anterior.
Para ambas organizaciones, la decisión de basar la decisión de la reforma de la PAC en el mantenimiento de las ayudas actuales tiene como consecuencia que salgan perjudicados los profesionales de la agricultura en general, "así como los agricultores jóvenes y determinados sectores productivos muy dinámicos en nuestro modelo de agricultura".
Asimismo, UPA y COAG consideran que en la elección de los años de referencia se ha dado oportunidad a la especulación, pudiendo beneficiarse determinados perceptores de ayudas. "Todo ello debería haberse aclarado en el momento oportuno", afirman.
Los cálculos hablan de que 70.000 perceptores de ayudas saldrían del sistema por la aplicación de la definición del "agricultor en activo". Sin embargo, UPA y COAG consideran que la definición es "tan laxa" que está permitiendo que aquellos productores que pudieran verse afectados por la medida "tomen decisiones para que eso no ocurra". "Lo único que tienen que hacer es incrementar los ingresos por venta de productos necesarios para cumplir con el 20% del total de ingresos agrarios. Además, tienen dos años para conseguirlo, hasta 2015", concluyen.
Leer más: ¿Agricultores de sofá o pensionistas sin recursos? http://www.europasur.es/article/agrandalucia/1711865/agricultores/sofa/o/pensionistas/sin/recursos.html#sSf32cCKmloHHcCA
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