No será necesario solicitar el reembolso de la aportación al precio de los medicamentos cuando se supere el límite mensual obligatorio · El PP respalda esta iniciativa administrativa de la Consejería de Salud.
Alfonso Pedrosa / Sevilla , sevilla | Actualizado 22.06.2012 - 08:18
María Jesús Montero, ayer, en la sede del Servicio Andaluz de Salud.
Los pensionistas andaluces no tendrán que adelantar dinero al SAS en la farmacia en espera de su reembolso cuando sobrepasen el límite de su tramo de copago establecido por el Gobierno central. Así lo anunció ayer la consejera de Salud, María Jesús Montero, al recordar que a partir del mes que viene entra en vigor el nuevo diseño del copago farmacéutico, al que se incorporan los pensionistas: 8, 18 ó 60 euros de tope mensual a abonar en el mostrador de la farmacia como aportación al precio de los medicamentos prescritos por el médico en el centro de salud, que no debe sobrepasar el 10% del precio total en el caso de ingresos inferiores a 100.000 euros y el 60% por encima de esa renta.
Lo previsto por el Ministerio de Sanidad para cuando se sobrepasen las cantidades máximas de aportación mensual es que los pacientes pidan el reembolso de ese dinero a la Administración autonómica correspondiente. En el caso de Andalucía, ese trámite, para el que el Gobierno central plantea un plazo de entre tres y seis meses, no será necesario. Porque el alto grado de implantación de la receta electrónica y su conexión con las oficinas de farmacia permiten conocer los consumos y aportaciones de cada paciente en tiempo real y saber sobre la marcha cuándo se ha llegado al tope, sin tener que esperar al análisis de la facturación. La Consejería de Salud daba cuerpo ayer, de esta manera, a una medida administrativa que contiene una evidente lectura social, política y económica; y otra, menos evidente en la superficie pero innegable, de demostración de la utilidad de llegar a acuerdos institucionales, porque en la viabilidad de esta decisión es clave la existencia de infraestructuras informáticas en el punto de dispensación, pagadas por los boticarios, resultado de una cultura de cooperación entre los farmacéuticos y el SAS que ha vivido tiempos mejores.
La consejera Montero explicó ayer que la finalidad de la iniciativa anunciada ayer es "hacer todo lo posible para que no se vea mermado el poder adquisitivo de las pensiones básicas". En Andalucía viven casi millón y medio de pensionistas sujetos al copago de ocho euros mensuales, algo más de un cuarto de millón de pensiones más elevadas (pago de 18 euros, rentas entre 18.000 y 100.000 euros) y unos 4.000 perceptores de pensiones superiores a los 100.000 euros anuales. Para estos últimos, abonar el 60% del precio de los medicamentos con un límite de 60 euros al mes no va a ser una tragedia. Pero para los de abajo, sí puede serlo; especialmente si se tiene en cuenta que en una comunidad con más del 33% de paro hay muchas familias que viven de la pensión de la abuela o del abuelo. La lectura política del asunto está clara cuando se acata la nueva normativa "por imperativo legal" y en un escenario de beligerancia que va mucho más allá del rediseño del copago farmacéutico y penetra en el mismo núcleo del concepto de Sistema Nacional de Salud; y la económica, también: el SAS cree que si no hubiese receta electrónica, habría habido que gastar 800.000 euros y contratar 80 administrativos con quienes afrontar la burocracia de los reembolsos de las medicinas.
Lo previsto por el Ministerio de Sanidad para cuando se sobrepasen las cantidades máximas de aportación mensual es que los pacientes pidan el reembolso de ese dinero a la Administración autonómica correspondiente. En el caso de Andalucía, ese trámite, para el que el Gobierno central plantea un plazo de entre tres y seis meses, no será necesario. Porque el alto grado de implantación de la receta electrónica y su conexión con las oficinas de farmacia permiten conocer los consumos y aportaciones de cada paciente en tiempo real y saber sobre la marcha cuándo se ha llegado al tope, sin tener que esperar al análisis de la facturación. La Consejería de Salud daba cuerpo ayer, de esta manera, a una medida administrativa que contiene una evidente lectura social, política y económica; y otra, menos evidente en la superficie pero innegable, de demostración de la utilidad de llegar a acuerdos institucionales, porque en la viabilidad de esta decisión es clave la existencia de infraestructuras informáticas en el punto de dispensación, pagadas por los boticarios, resultado de una cultura de cooperación entre los farmacéuticos y el SAS que ha vivido tiempos mejores.
La consejera Montero explicó ayer que la finalidad de la iniciativa anunciada ayer es "hacer todo lo posible para que no se vea mermado el poder adquisitivo de las pensiones básicas". En Andalucía viven casi millón y medio de pensionistas sujetos al copago de ocho euros mensuales, algo más de un cuarto de millón de pensiones más elevadas (pago de 18 euros, rentas entre 18.000 y 100.000 euros) y unos 4.000 perceptores de pensiones superiores a los 100.000 euros anuales. Para estos últimos, abonar el 60% del precio de los medicamentos con un límite de 60 euros al mes no va a ser una tragedia. Pero para los de abajo, sí puede serlo; especialmente si se tiene en cuenta que en una comunidad con más del 33% de paro hay muchas familias que viven de la pensión de la abuela o del abuelo. La lectura política del asunto está clara cuando se acata la nueva normativa "por imperativo legal" y en un escenario de beligerancia que va mucho más allá del rediseño del copago farmacéutico y penetra en el mismo núcleo del concepto de Sistema Nacional de Salud; y la económica, también: el SAS cree que si no hubiese receta electrónica, habría habido que gastar 800.000 euros y contratar 80 administrativos con quienes afrontar la burocracia de los reembolsos de las medicinas.
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