El Estado ultima los pliegos para sacar a subasta el mayor latifundio de Andalucía, La Almoraima, 14.000 hectáreas de monte clavadas en el Parque Natural de Los Alcornocales
Pedro Ingelmo castellar | Actualizado 22.12.2013 - 01:00
Imagen tomada en lo más profundo del monte delimitado por uno de los mayores latifundios de Europa y que hace frontera con cuatro municipios.
El pintor Luis Fernández tiene su estudio en un castillo. Telas de figuras centelleantes se amontonan en una estancia coronada con la piel de un alcornoque pintado y rotulado con la palabra Almoraima, el nombre de una finca de 14.000 hectáreas, el mayor latifundio de Andalucía. Todo lo que abarca la vista desde las almenas, si se exceptúa el Peñón de Gibraltar recortándose en el horizonte, es Almoraima, de un solo propietario, el Estado. En la noche de San Juan de 1986 Luis subió hasta Castellar Viejo, un pueblo habitado por jipis. Aquella noche, el pintor se sumerge en un delirio onírico. Los guiris de la paz, el amor y las flores han organizado un encuentro de malabaristas y los tragasables compiten con los lanzafuegos como espíritus de un paisaje colosal de millones de tonos verdes. Aquella noche, el pintor decide quedarse a vivir allí. "Fue un canto del cisne del sueño jipi de Castellar. Luego llegó el turismo y ahora... bueno, ahora llega el turismo con poca alegría en los bolsillos". Las casas que habitaron los que convivieron con los extranjeros de sandalias y ácidos que encontraron allí su paraíso lisérgico son ahora pasto de turismo rural. Las otras viviendas son talleres y tiendas de artesanía, el otro motor del pueblo. Porque aquí, en Castellar Viejo, se vive del paisaje, de la leyenda y del misterio. Allí abajo, en Castellar Nuevo, no. En Castellar Nuevo, un damero de construcciones recientes con un urbanismo rectilíneo, se quiere vivir de la finca que ocupa el 80% de su término municipal, como ocurrió cuando se creó en 1945 la Corchera La Almoraima y el monte se pobló de chabolas. Pero la sociedad estatal La Almoraima S.A. no da trabajo. Su plantilla es de 55 empleados para una alambrada que limita con cuatro municipios.
Esta inmensa finca es de titularidad pública desde la expropiación de Rumasa en 1983. Diez años atrás, cuando los jipis empezaban a llegar a Castellar Viejo, Ruiz-Mateos había comprado el latifundio a los duques de Medinaceli, propietarios de estos parajes desde la Reconquista, en lo que quiso ser una declaración de nuevo señorío.
Ahora, La Almoraima se subasta. Una de las cinco mayores fortunas de Francia, un multimillonario británico y unos jeques de Oriente Medio ya se han interesado por la bicoca. El Gobierno entregará la que fue la joya del holding de la abeja por algo más de 200 millones de euros para que un buen postor desarrolle un proyecto de ocio de lujo, con aeródromo, campos de golf, resort, caza mayor y todo lo que les gusta hacer a los ricos. No es un capricho. En el ejercicio 2012 La Almoraima S.A. arrojó pérdidas de 1.200.000 euros. Para el Estado, La Almoraima es un lastre.
El ministro Miguel Arias nombró a Isabel Ugalde gerente de la sociedad cuando llegó al Gobierno. El perfil de Ugalde, ex diputada del PP, pero con cerca de 40 años en la industria privada y con conocimiento del mercado del corcho, era el más adecuado para una gestión menos romántica del latifundio. Ugalde nos recibe en su despacho, sobrio y lleno de papeles, presidido por una foto del esfuerzo de una mula transportando corcho. La gerente de La Almoraima lleva con resignación estar en el punto de mira. De hecho, de camino a su despacho, entre el poblado que lleva el nombre de la finca y el punto de recepción del corcho, hemos podido ver varias pintadas donde la veterana política y empresaria no sale retratada con cariño.
Ugalde explica que la tarea que se le ha encomendado no ha sido fácil: "Nos encontramos con unas cuentas disparatadas, un totum revolutum. Hasta faltaban reses". "¿Cómo que faltaban reses?" "Sí, faltaban 264 vacas" "Muchas vacas". "Ya, qué quiere que le diga, no estaban. Se lo pongo como ejemplo". La gerente de La Almoraima es directa: "Existe un discurso fácil, ese de que privatizamos un monte público. Pero no tiene sentido: el 80% del Parque Natural de Los Alcornocales está en manos privadas y las fincas privadas están bastante mejor cuidadas que las públicas". "Alguien que viene a desarrollar un proyecto de turismo de lujo es posible que no se preocupe mucho del monte". "Estamos terminando los pliegos para poder acceder a la operación. En los primeros meses de 2014 se podrá culminar ese proceso y las ofertas tendrán que ajustarse a un pliego que incluye mejoras, planes de inversiones. No vamos a malvender la finca y nadie va a recuperar la inversión ni en dos ni en cinco ni en diez años. Quizá no la vaya a recuperar nunca. Quien esté interesado en La Almoraima querrá explotar el monte, que está protegido y es Parque Natural, y debe saber cómo hacerlo. El proyecto de ocio está fuera del Parque Natural". Ugalde subraya un compromiso: "Que salga a la venta La Almoraima no quiere decir que se vaya a vender. Trabajamos con dos escenarios: el de una buena operación o el de continuar con la propiedad. Estoy convencida de que La Almoraima puede gestionarse de modo que no cueste un duro al erario público. Porque el erario público está para destinar el dinero de todos a educación, a sanidad... no a pagar las pérdidas de un latifundio de 14.000 hectáreas. Y ese plan existe. Pero también le digo: si se vende La Almoraima, a Castellar le ha tocado la lotería".
El miedo al pelotazo cuelga en los balcones del ayuntamiento de Castellar Nuevo. Hay un riesgo que es fácil de deducir. En realidad, el plan A del Gobierno, vender La Almoraima, tiene dos subplanes. El Ayuntamiento de Castellar es el que tiene que aprobar el cambio de uso de los terrenos para que se pueda desarrollar el proyecto de ocio. La Almoraima tiene un valor u otro dependiendo de si hay cambio de uso o no lo hay. Si lo hubiera antes de la venta, La Almoraima no valdría 200, sino cerca de 300 millones. En caso de que el Ayuntamiento se cierre en banda, el Gobierno venderá de igual manera, por menos precio quizá, pero venderá y que el inversor negocie con el Ayuntamiento y la Junta. Así se lo dijo Miguel Arias en persona a Juan Casanova, alcalde de IU de Castellar. Si el Estado vende sin nuevo plan de uso la revalorización de la finca, una diferencia de 100 millones, pueden germinar golosas y peligrosas tentaciones.
Casanova es un sevillano que ha hecho de La Almoraima su bandera. Su despacho es igual de sobrio que el de Ugalde, lo que iguala a los contendientes. También tiene muchos papeles. Posiblemente unos sean copias de otros porque en los poco más de mil metros que separan un despacho de otro se están jugando muchos intereses. "No quiero poner La Almoraima a disposición de los ricos del mundo", proclama. Admite que no todos sus vecinos están de acuerdo: "Hay quien piensa que la venta traerá a un magnate que nos dé trabajo a todos. Es una cultura de pueblo latifundista, del nuevo señor velará por nosotros". Como si un jeque, o lo que fuera, vaya a ser el nuevo duque de Medinaceli, el nuevo señor, cerrando el círculo de la historia.
Pero Casanova no se cierra en redondo. "Yo no digo que aquí no venga turismo de lujo si crea puestos de trabajo. Alquilemos cien hectáreas para el alto standing, pero ¿qué necesidad hay de vender la totalidad?" Ugalde es de la opinión que trocear la finca le resta atractivo: "El valor de la finca es su globalidad". Entre estas posturas antagónicas, hay puntos de encuentro. En su pliego el Estado incluye un jardín botánico y el acondicionamiento como alojamientos rurales de los desvencijados caseríos dispersos por el parque. Esa música gusta a Casanova, pero no es suficiente. Castellar tiene la propuesta de una empresa de biomasa que quiere plantar una arboleda energética y construir una central de cinco megavatios: cien empleos, casi el doble del que da ahora La Almoraima. Y más ideas: "Una industria de transformación del corcho. ¿Por qué tenemos que llevar el corcho a otro país para su transformación para luego recomprarlo?". A cambio de eso, sí, que vengan los ricos a sus resorts.
Pero hay un tercer actor, la Junta, en contra de vender La Almoraima. La consejera de Medio Ambiente, María Jesús Serrano, solicitará al Ministerio que le ceda la finca para gestionarla "desde lo público y, con ello, ser capaces de generar empleo verde y evitar un complejo expeculativo".
Ante esta postura, Casanova y Ugalde coinciden. Casanova considera que el Estado ha infrautilizado La Almoraima para dejarla morir y justificar su venta, pero la Junta posee una finca mucho más pequeña aledaña a La Almoraima. Es Majarambu, de 300 hectáreas. "La Junta intentó venderla, no lo logró y ahí está, sin explotar". Ugalde dibuja un gesto irónico: "¿Gestionar la Junta La Almoraima? Que empiece por Majarambu".
Los trabajadores que curran junto a las candelas en la nave donde se ordena el corcho están inquietos: "Si viene gente de fuera, se traerán a los suyos a trabajar aquí. El corcho lo tenemos que trabajar los de aquí. Y aquí podría haber mucho más trabajo. Nadie recoge las currucas (los sobrantes del corcho) que se secan en el monte y que cualquier día nos dan un disgusto", dice un chaval de Jimena que luce orgulloso su chaquetilla de trabajador de La Almoraima. De otra opinión es Guillermo, uno de esos ciudadanos que hay en cada pueblo que se queja de que las calles estrechas son demasiado estrechas y las anchas demasiado anchas. Él dice que habría que entregarle La Almoraima al pueblo por un euro. "El monte para el pueblo. Seamos utópicos". Durante la II República, no más de unos pocos meses, La Almoraima fue del pueblo. Tras la guerra, se le devolvió a los duques. Ugalde se sonríe ante los utópicos: "Aquí ya hubo huertos sociales que vendían sus productos en el mercadillo de la aldea. No funcionó. Seamos realistas". Y qué difícil es ser realista en el bosque en el que habitan las almas de los tragasables, en el bosque encantado de La Almoraima.
Esta inmensa finca es de titularidad pública desde la expropiación de Rumasa en 1983. Diez años atrás, cuando los jipis empezaban a llegar a Castellar Viejo, Ruiz-Mateos había comprado el latifundio a los duques de Medinaceli, propietarios de estos parajes desde la Reconquista, en lo que quiso ser una declaración de nuevo señorío.
Ahora, La Almoraima se subasta. Una de las cinco mayores fortunas de Francia, un multimillonario británico y unos jeques de Oriente Medio ya se han interesado por la bicoca. El Gobierno entregará la que fue la joya del holding de la abeja por algo más de 200 millones de euros para que un buen postor desarrolle un proyecto de ocio de lujo, con aeródromo, campos de golf, resort, caza mayor y todo lo que les gusta hacer a los ricos. No es un capricho. En el ejercicio 2012 La Almoraima S.A. arrojó pérdidas de 1.200.000 euros. Para el Estado, La Almoraima es un lastre.
El ministro Miguel Arias nombró a Isabel Ugalde gerente de la sociedad cuando llegó al Gobierno. El perfil de Ugalde, ex diputada del PP, pero con cerca de 40 años en la industria privada y con conocimiento del mercado del corcho, era el más adecuado para una gestión menos romántica del latifundio. Ugalde nos recibe en su despacho, sobrio y lleno de papeles, presidido por una foto del esfuerzo de una mula transportando corcho. La gerente de La Almoraima lleva con resignación estar en el punto de mira. De hecho, de camino a su despacho, entre el poblado que lleva el nombre de la finca y el punto de recepción del corcho, hemos podido ver varias pintadas donde la veterana política y empresaria no sale retratada con cariño.
Ugalde explica que la tarea que se le ha encomendado no ha sido fácil: "Nos encontramos con unas cuentas disparatadas, un totum revolutum. Hasta faltaban reses". "¿Cómo que faltaban reses?" "Sí, faltaban 264 vacas" "Muchas vacas". "Ya, qué quiere que le diga, no estaban. Se lo pongo como ejemplo". La gerente de La Almoraima es directa: "Existe un discurso fácil, ese de que privatizamos un monte público. Pero no tiene sentido: el 80% del Parque Natural de Los Alcornocales está en manos privadas y las fincas privadas están bastante mejor cuidadas que las públicas". "Alguien que viene a desarrollar un proyecto de turismo de lujo es posible que no se preocupe mucho del monte". "Estamos terminando los pliegos para poder acceder a la operación. En los primeros meses de 2014 se podrá culminar ese proceso y las ofertas tendrán que ajustarse a un pliego que incluye mejoras, planes de inversiones. No vamos a malvender la finca y nadie va a recuperar la inversión ni en dos ni en cinco ni en diez años. Quizá no la vaya a recuperar nunca. Quien esté interesado en La Almoraima querrá explotar el monte, que está protegido y es Parque Natural, y debe saber cómo hacerlo. El proyecto de ocio está fuera del Parque Natural". Ugalde subraya un compromiso: "Que salga a la venta La Almoraima no quiere decir que se vaya a vender. Trabajamos con dos escenarios: el de una buena operación o el de continuar con la propiedad. Estoy convencida de que La Almoraima puede gestionarse de modo que no cueste un duro al erario público. Porque el erario público está para destinar el dinero de todos a educación, a sanidad... no a pagar las pérdidas de un latifundio de 14.000 hectáreas. Y ese plan existe. Pero también le digo: si se vende La Almoraima, a Castellar le ha tocado la lotería".
El miedo al pelotazo cuelga en los balcones del ayuntamiento de Castellar Nuevo. Hay un riesgo que es fácil de deducir. En realidad, el plan A del Gobierno, vender La Almoraima, tiene dos subplanes. El Ayuntamiento de Castellar es el que tiene que aprobar el cambio de uso de los terrenos para que se pueda desarrollar el proyecto de ocio. La Almoraima tiene un valor u otro dependiendo de si hay cambio de uso o no lo hay. Si lo hubiera antes de la venta, La Almoraima no valdría 200, sino cerca de 300 millones. En caso de que el Ayuntamiento se cierre en banda, el Gobierno venderá de igual manera, por menos precio quizá, pero venderá y que el inversor negocie con el Ayuntamiento y la Junta. Así se lo dijo Miguel Arias en persona a Juan Casanova, alcalde de IU de Castellar. Si el Estado vende sin nuevo plan de uso la revalorización de la finca, una diferencia de 100 millones, pueden germinar golosas y peligrosas tentaciones.
Casanova es un sevillano que ha hecho de La Almoraima su bandera. Su despacho es igual de sobrio que el de Ugalde, lo que iguala a los contendientes. También tiene muchos papeles. Posiblemente unos sean copias de otros porque en los poco más de mil metros que separan un despacho de otro se están jugando muchos intereses. "No quiero poner La Almoraima a disposición de los ricos del mundo", proclama. Admite que no todos sus vecinos están de acuerdo: "Hay quien piensa que la venta traerá a un magnate que nos dé trabajo a todos. Es una cultura de pueblo latifundista, del nuevo señor velará por nosotros". Como si un jeque, o lo que fuera, vaya a ser el nuevo duque de Medinaceli, el nuevo señor, cerrando el círculo de la historia.
Pero Casanova no se cierra en redondo. "Yo no digo que aquí no venga turismo de lujo si crea puestos de trabajo. Alquilemos cien hectáreas para el alto standing, pero ¿qué necesidad hay de vender la totalidad?" Ugalde es de la opinión que trocear la finca le resta atractivo: "El valor de la finca es su globalidad". Entre estas posturas antagónicas, hay puntos de encuentro. En su pliego el Estado incluye un jardín botánico y el acondicionamiento como alojamientos rurales de los desvencijados caseríos dispersos por el parque. Esa música gusta a Casanova, pero no es suficiente. Castellar tiene la propuesta de una empresa de biomasa que quiere plantar una arboleda energética y construir una central de cinco megavatios: cien empleos, casi el doble del que da ahora La Almoraima. Y más ideas: "Una industria de transformación del corcho. ¿Por qué tenemos que llevar el corcho a otro país para su transformación para luego recomprarlo?". A cambio de eso, sí, que vengan los ricos a sus resorts.
Pero hay un tercer actor, la Junta, en contra de vender La Almoraima. La consejera de Medio Ambiente, María Jesús Serrano, solicitará al Ministerio que le ceda la finca para gestionarla "desde lo público y, con ello, ser capaces de generar empleo verde y evitar un complejo expeculativo".
Ante esta postura, Casanova y Ugalde coinciden. Casanova considera que el Estado ha infrautilizado La Almoraima para dejarla morir y justificar su venta, pero la Junta posee una finca mucho más pequeña aledaña a La Almoraima. Es Majarambu, de 300 hectáreas. "La Junta intentó venderla, no lo logró y ahí está, sin explotar". Ugalde dibuja un gesto irónico: "¿Gestionar la Junta La Almoraima? Que empiece por Majarambu".
Los trabajadores que curran junto a las candelas en la nave donde se ordena el corcho están inquietos: "Si viene gente de fuera, se traerán a los suyos a trabajar aquí. El corcho lo tenemos que trabajar los de aquí. Y aquí podría haber mucho más trabajo. Nadie recoge las currucas (los sobrantes del corcho) que se secan en el monte y que cualquier día nos dan un disgusto", dice un chaval de Jimena que luce orgulloso su chaquetilla de trabajador de La Almoraima. De otra opinión es Guillermo, uno de esos ciudadanos que hay en cada pueblo que se queja de que las calles estrechas son demasiado estrechas y las anchas demasiado anchas. Él dice que habría que entregarle La Almoraima al pueblo por un euro. "El monte para el pueblo. Seamos utópicos". Durante la II República, no más de unos pocos meses, La Almoraima fue del pueblo. Tras la guerra, se le devolvió a los duques. Ugalde se sonríe ante los utópicos: "Aquí ya hubo huertos sociales que vendían sus productos en el mercadillo de la aldea. No funcionó. Seamos realistas". Y qué difícil es ser realista en el bosque en el que habitan las almas de los tragasables, en el bosque encantado de La Almoraima.
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