Hacienda destaca que podría suponer rebajas e incluso exenciones de pagos para algunos automóviles
El impuesto de circulación de los vehículos podría acabar vinculado a su nivel de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera si prosperan las negociaciones entre el Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Esta opción se enmarca dentro de los incentivos fiscales a la sostenibilidad ambiental que introducirá la futura Ley de Economía Sostenible, confirmó el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña. Es una propuesta sin afán recaudatorio, que podría suponer rebajas e incluso exenciones de pagos para algunos automóviles, subrayó.
"Tendría sentido que el impuesto de circulación estuviese ligado de alguna forma al impacto contaminante del vehículo", es decir, a su nivel de emisiones de CO2, en lugar de a la potencia de su motor, señaló Ocaña en Madrid durante la clausura de un seminario sobre fiscalidad organizado por el Club Español de la Energía. La idea "se ha tratado ya con la FEMP, que está a favor", confirmaron fuentes de Hacienda.
En primer lugar, hay que llegar a un acuerdo con las entidades locales, para después plasmar la iniciativa en una propuesta que será remitida al Parlamento para su aprobación, explicó el responsable de Hacienda. "Esto no significa subir impuestos", indicó Ocaña que recordó que hace dos años el Ejecutivo ya estableció un baremo similar que relaciona las emisiones de carbono de los vehículos con la cuantía del impuesto de matriculación.
El estudio de esta medida ha sido también admitido por parte del presidente de la FEMP, Pedro Castro, que reconoció que esta modificación puede mermar los ingresos de los ayuntamientos. A pesar de ello, subrayó que lo que está en juego "no es un problema de recursos, sino una posición de compromiso por una economía sostenible y contra el cambio climático". Castro explicó que el Gobierno y el organismo que preside barajan distintas propuestas para compensar a los municipios. Entre sus peticiones figura subir del 95% al 98% las entregas a cuenta del Estado a los ayuntamientos, una revisión de los catastros y acelerar la Ley de Financiación Local, para que esté lista el 1 de enero de 2011.
El impuesto de circulación de los vehículos podría acabar vinculado a su nivel de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera si prosperan las negociaciones entre el Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Esta opción se enmarca dentro de los incentivos fiscales a la sostenibilidad ambiental que introducirá la futura Ley de Economía Sostenible, confirmó el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña. Es una propuesta sin afán recaudatorio, que podría suponer rebajas e incluso exenciones de pagos para algunos automóviles, subrayó.
"Tendría sentido que el impuesto de circulación estuviese ligado de alguna forma al impacto contaminante del vehículo", es decir, a su nivel de emisiones de CO2, en lugar de a la potencia de su motor, señaló Ocaña en Madrid durante la clausura de un seminario sobre fiscalidad organizado por el Club Español de la Energía. La idea "se ha tratado ya con la FEMP, que está a favor", confirmaron fuentes de Hacienda.
En primer lugar, hay que llegar a un acuerdo con las entidades locales, para después plasmar la iniciativa en una propuesta que será remitida al Parlamento para su aprobación, explicó el responsable de Hacienda. "Esto no significa subir impuestos", indicó Ocaña que recordó que hace dos años el Ejecutivo ya estableció un baremo similar que relaciona las emisiones de carbono de los vehículos con la cuantía del impuesto de matriculación.
El estudio de esta medida ha sido también admitido por parte del presidente de la FEMP, Pedro Castro, que reconoció que esta modificación puede mermar los ingresos de los ayuntamientos. A pesar de ello, subrayó que lo que está en juego "no es un problema de recursos, sino una posición de compromiso por una economía sostenible y contra el cambio climático". Castro explicó que el Gobierno y el organismo que preside barajan distintas propuestas para compensar a los municipios. Entre sus peticiones figura subir del 95% al 98% las entregas a cuenta del Estado a los ayuntamientos, una revisión de los catastros y acelerar la Ley de Financiación Local, para que esté lista el 1 de enero de 2011.
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