"Allí donde domina el derecho a la propiedad, donde todo se mide con dinero, no puede hablarse de equidad y bienestar social." Tomás Moro
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| Tomás Moro |
¡Diario de Cádiz inicia hoy una serie de nueve reportajes para observar el momento en el que se encuentra el estado de bienestar en la provincia, a la cola de casi todos los índices europeos y con una preocupante tendencia a empeorar. Para articularlos de una manera ordenada nos hemos fijado en los conceptos clásicos del término. Si bien el estado de bienestar en los países meridionales llega tarde (a partir de los años 70) y tiene que ver esencialmente con la protección del empleo y la respuesta a la enfermedad, su formulación es anterior, europea y, en su día, definido por el filósofo Karl Popper como defensa ante las siguientes lacras: pobreza, desempleo, enfermedad y dolor, crueldad penal, esclavitud, discriminación racial y religiosa, falta de oportunidades educacionales y diferencias rígidas de clase. Sobre la columna de esos ocho elementos hemos elaborado esta serie y, a lo largo de la próxima semana, trataremos cada uno de ellos.
Lo hacemos en una situación en la que "los mileuristas, que antes eran quienes estaban en la peor situación, ahora son los privilegiados para parte de la sociedad". Lo dice Rafael Lara, implicado desde hace años en Cádiz en multitud de proyectos para erradicar la exclusión social. Es una voz de alerta ante un proceso de deterioro acelerado de las condiciones de vida, un deterioro que llega a quienes se pensó que nunca llegaría. El último informe de Cáritas, que atendió en toda la provincia, en sus tres diócesis, a cerca de 35.000 familias, alertaba de que antiguos integrantes de la clase media se estaban convirtiendo en usuarios de esta institución de emergencia social. En una frase dura, publicada en un reportaje en este Diario, los voluntarios dedicados a la solidaridad sentenciaron: "Cádiz ya es Grecia". No es nada descabellado. El desempleo en la provincia alcanza el 36%. El de Grecia es el 21%. Ante esto, ¿qué derechos se está llevando por delante la crisis y qué otros están por caer? Sin alarmismos, analicemos lo que ya no tenemos y lo que podemos dejar de tener.
El primer concepto que hay que desmenuzar es la pobreza, a la cabeza de lo que el estado de bienestar fundacional, surgido tras la reconstrucción europea que siguió a la Segunda Guerra Mundial, pretendía combatir. El nivel de pobreza de una sociedad está marcado por unos ítems. En los países desarrollados se mide por el índice IPH-2, un sistema que trabaja sobre tres conceptos: supervivencia, educación y nivel de vida digno. Si en los dos primeros elementos, la provincia se mantiene fuera de las líneas rojas, en el tercero no es así. La oficina comunitaria de estadística, Eurostat, advierte de que uno de cada cuatro españoles está en riesgo de pobreza. La provincia, con diez puntos más de desempleo que la media española, multiplica esa probabilidad. Estamos hablando de personas (índice de países desarrollados) con menos de 200 euros al mes. En 2007 el 7% de los hogares gaditanos había tenido retrasos en los pagos mensuales de luz, hipoteca o alquiler. A finales de 2011, el porcentaje había crecido hasta el 9,4%.
Y el causante de esta situación, que es la falta de empleo, lo segundo que quería combatir el estado de bienestar, no sólo no despega, sino que es una sangría constante que nos ha llevado a incrementar en sólo cuatro años el número de demandantes de empleo en un 60%. Hemos pasado de 117.000 en junio de 2008 a 188.000 en este mes de junio de 2012, muchos de ellos empresarios que han perdido sus negocios. Esos datos son hasta benévolos si tomamos en cuenta los que ya ni buscan empleo. La Encuesta de Población Activa nos habla de 204.000 gaditanos en edad de trabajar que no lo hacen. ¿Cuántos trabajan, cuántos sostienen el 'estado de bienestar'? 357.000. Es decir, una tasa de actividad que , con dificultad, supera el 55%. Estamos casi diez puntos por debajo de las tasas de actividad de Madrid, Barcelona o el País Vasco. Una distancia abismal.
Así, es muy difícil sostener el sistema que combate la enfermedad y el dolor. A día de hoy, nuestros datos sanitarios son magníficos. No hay que esperar, de media, más de dos meses para ser operado en ninguno de los hospitales de la provincia, pero ya la tendencia va notándose. El cierre de plantas y la reducción de personal ha hecho crecer en un trimestre, según los datos de Sanidad publicados el pasado martes, un 17% las listas de espera. La media de los hospitales españoles (no hay datos provincializados aún) se ha disparado en ocho días y hemos pasado a los 73 días. Es sólo un ejemplo que sumar al copago de las medicinas, de las que este país ha abusado hasta el absurdo como si realmente fueran gratis. Y no lo eran.
La siguiente víctima es la igualdad de oportunidades a través de la educación. La Junta sostiene que, a su pesar, serán los salarios de los profesores los que paguen el recorte exigido por Madrid, pero esto no es del todo así. Se han paralizado los programas de integración de la informática en las escuelas y el próximo curso no habrá profesores de apoyo en primaria. No se ha dicho nada de los avances en bilingüismo en la escuela pública, pero no hay que ser adivino para suponer que también se verán tocadas las inversiones en profesores nativos. Los programas de inmersión lingüística han sido suprimidos. Se corre el riesgo de que sólo tenga una educación de calidad quien pueda pagarla, mientras que los alumnos con dificultades de aprendizaje no contarán con la segunda oportunidad de una cobertura especializada. Los ya pésimos datos de fracaso escolar, con un 41% de los alumnos gaditanos que, al menos, repite una vez, es posible que se vean incrementados.
Es en la educación donde es posible la movilidad social. La rigidez e impermeabilidad de las clases sociales, que se había reducido en los últimos veinte años, regresará si el coste de la Universidad y la reducción e las becas impide a las clases más populares acceder a una educación superior. Fuera del ámbito universitario, Educación dedicó 19 millones de euros en becas, tres veces más que los 6 millones destinados en el curso 2006-7. Los técnicos de Educación están convencidos de que en muy poco tiempo regresaremos a esos niveles.
El descontento social, la insatisfacción, se traduce en sentimientos de racismo y discriminación. La inexistencia de un partido ultraderechista en nuestro país hace difícil medir ese sentimiento en nuestra sociedad. Sólo se puede atisbar ese estado de ánimo por las encuestas del CIS, donde ningún encuestado considera el racismo uno de los principales problemas de nuestro país, pero el 6% sitúa la inmigración como uno de ellos. Muy lejos, en cualquier caso, de la encuesta de mayo de 2006, en el que la inmigración saltó a los primeros puestos de la preocupación de los españoles con un 59%.
Otros aspectos extremos que el estado de bienestar quería combatir merecerán su análisis en esta serie. Se trata de la esclavitud y la crueldad penal. Sin entrar en la categoría de esclavitud, sí es significativo no la reducción, sino el absoluto desplome de la conflictividad laboral en la provincia. En 2007 se perdieron casi 160.000 jornadas por huelgas; en 2011, 124. Por otro lado, la economía sumergida, cuyo crecimiento no es medible, pero que se estima que se aproxima al 40% de la actividad económica total, hace incontrolable conocer las condiciones laborales de miles de personas. A más economía descontrolada, mayor riesgo de desprotección social.
En cuanto a la crueldad penal, la dureza de las condenas para muchas personas que se buscan la vida como pueden, por ejemplo, con pequeños trapicheos de droga contrata con la impunidad que hasta ahora han tenido los causantes de la crisis, que abandonan los bancos que hundieron con jubilaciones millonarias.
Lo hacemos en una situación en la que "los mileuristas, que antes eran quienes estaban en la peor situación, ahora son los privilegiados para parte de la sociedad". Lo dice Rafael Lara, implicado desde hace años en Cádiz en multitud de proyectos para erradicar la exclusión social. Es una voz de alerta ante un proceso de deterioro acelerado de las condiciones de vida, un deterioro que llega a quienes se pensó que nunca llegaría. El último informe de Cáritas, que atendió en toda la provincia, en sus tres diócesis, a cerca de 35.000 familias, alertaba de que antiguos integrantes de la clase media se estaban convirtiendo en usuarios de esta institución de emergencia social. En una frase dura, publicada en un reportaje en este Diario, los voluntarios dedicados a la solidaridad sentenciaron: "Cádiz ya es Grecia". No es nada descabellado. El desempleo en la provincia alcanza el 36%. El de Grecia es el 21%. Ante esto, ¿qué derechos se está llevando por delante la crisis y qué otros están por caer? Sin alarmismos, analicemos lo que ya no tenemos y lo que podemos dejar de tener.
El primer concepto que hay que desmenuzar es la pobreza, a la cabeza de lo que el estado de bienestar fundacional, surgido tras la reconstrucción europea que siguió a la Segunda Guerra Mundial, pretendía combatir. El nivel de pobreza de una sociedad está marcado por unos ítems. En los países desarrollados se mide por el índice IPH-2, un sistema que trabaja sobre tres conceptos: supervivencia, educación y nivel de vida digno. Si en los dos primeros elementos, la provincia se mantiene fuera de las líneas rojas, en el tercero no es así. La oficina comunitaria de estadística, Eurostat, advierte de que uno de cada cuatro españoles está en riesgo de pobreza. La provincia, con diez puntos más de desempleo que la media española, multiplica esa probabilidad. Estamos hablando de personas (índice de países desarrollados) con menos de 200 euros al mes. En 2007 el 7% de los hogares gaditanos había tenido retrasos en los pagos mensuales de luz, hipoteca o alquiler. A finales de 2011, el porcentaje había crecido hasta el 9,4%.
Y el causante de esta situación, que es la falta de empleo, lo segundo que quería combatir el estado de bienestar, no sólo no despega, sino que es una sangría constante que nos ha llevado a incrementar en sólo cuatro años el número de demandantes de empleo en un 60%. Hemos pasado de 117.000 en junio de 2008 a 188.000 en este mes de junio de 2012, muchos de ellos empresarios que han perdido sus negocios. Esos datos son hasta benévolos si tomamos en cuenta los que ya ni buscan empleo. La Encuesta de Población Activa nos habla de 204.000 gaditanos en edad de trabajar que no lo hacen. ¿Cuántos trabajan, cuántos sostienen el 'estado de bienestar'? 357.000. Es decir, una tasa de actividad que , con dificultad, supera el 55%. Estamos casi diez puntos por debajo de las tasas de actividad de Madrid, Barcelona o el País Vasco. Una distancia abismal.
Así, es muy difícil sostener el sistema que combate la enfermedad y el dolor. A día de hoy, nuestros datos sanitarios son magníficos. No hay que esperar, de media, más de dos meses para ser operado en ninguno de los hospitales de la provincia, pero ya la tendencia va notándose. El cierre de plantas y la reducción de personal ha hecho crecer en un trimestre, según los datos de Sanidad publicados el pasado martes, un 17% las listas de espera. La media de los hospitales españoles (no hay datos provincializados aún) se ha disparado en ocho días y hemos pasado a los 73 días. Es sólo un ejemplo que sumar al copago de las medicinas, de las que este país ha abusado hasta el absurdo como si realmente fueran gratis. Y no lo eran.
La siguiente víctima es la igualdad de oportunidades a través de la educación. La Junta sostiene que, a su pesar, serán los salarios de los profesores los que paguen el recorte exigido por Madrid, pero esto no es del todo así. Se han paralizado los programas de integración de la informática en las escuelas y el próximo curso no habrá profesores de apoyo en primaria. No se ha dicho nada de los avances en bilingüismo en la escuela pública, pero no hay que ser adivino para suponer que también se verán tocadas las inversiones en profesores nativos. Los programas de inmersión lingüística han sido suprimidos. Se corre el riesgo de que sólo tenga una educación de calidad quien pueda pagarla, mientras que los alumnos con dificultades de aprendizaje no contarán con la segunda oportunidad de una cobertura especializada. Los ya pésimos datos de fracaso escolar, con un 41% de los alumnos gaditanos que, al menos, repite una vez, es posible que se vean incrementados.
Es en la educación donde es posible la movilidad social. La rigidez e impermeabilidad de las clases sociales, que se había reducido en los últimos veinte años, regresará si el coste de la Universidad y la reducción e las becas impide a las clases más populares acceder a una educación superior. Fuera del ámbito universitario, Educación dedicó 19 millones de euros en becas, tres veces más que los 6 millones destinados en el curso 2006-7. Los técnicos de Educación están convencidos de que en muy poco tiempo regresaremos a esos niveles.
El descontento social, la insatisfacción, se traduce en sentimientos de racismo y discriminación. La inexistencia de un partido ultraderechista en nuestro país hace difícil medir ese sentimiento en nuestra sociedad. Sólo se puede atisbar ese estado de ánimo por las encuestas del CIS, donde ningún encuestado considera el racismo uno de los principales problemas de nuestro país, pero el 6% sitúa la inmigración como uno de ellos. Muy lejos, en cualquier caso, de la encuesta de mayo de 2006, en el que la inmigración saltó a los primeros puestos de la preocupación de los españoles con un 59%.
Otros aspectos extremos que el estado de bienestar quería combatir merecerán su análisis en esta serie. Se trata de la esclavitud y la crueldad penal. Sin entrar en la categoría de esclavitud, sí es significativo no la reducción, sino el absoluto desplome de la conflictividad laboral en la provincia. En 2007 se perdieron casi 160.000 jornadas por huelgas; en 2011, 124. Por otro lado, la economía sumergida, cuyo crecimiento no es medible, pero que se estima que se aproxima al 40% de la actividad económica total, hace incontrolable conocer las condiciones laborales de miles de personas. A más economía descontrolada, mayor riesgo de desprotección social.
En cuanto a la crueldad penal, la dureza de las condenas para muchas personas que se buscan la vida como pueden, por ejemplo, con pequeños trapicheos de droga contrata con la impunidad que hasta ahora han tenido los causantes de la crisis, que abandonan los bancos que hundieron con jubilaciones millonarias.
EUROPASUR
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