FUNCIONARIADO: EL GLOBO DEL EMPLEO "PARA TODA LA VIDA" SE DESINFLA.

Por Antonio Fuentes. Redactor de Grupo Joly / Ilustración: Esteban

Más de medio millón de empleados públicos prestan sus servicios a diario en la comunidad, el 80% personal docente, sanitario y de seguridad, pese a que subsiste la imagen de los oficinistas de despacho. La crisis amenaza un estilo de vida a menudo bastante flemático.
A nadie se le escapó una lágrima por el recorte salarial a los empleados públicos en mayo de 2010, en un país que conserva la imagen que Larra trazó ¡hace 178 años! Los trabajadores del sector privado, angustiados por los recortes, la temporalidad y un paro que sobrepasa los cinco millones de personas, envidian su estabilidad laboral, las vacaciones de dos meses de los profesores o sus escapadas en el desayuno. “¡Pues haber estudiado!”, se oye en el eco un millón de veces al día. Primera dualidad a reseñar: los que pertenecen al sector público y los que no, encarados.
Aunque el debate se remonta a los orígenes de la Función Pública, la crisis económica ha avivado el careo, a la par que el empleo público ve cercenados sus derechos y también sus privilegios. Pero, ¿hay margen para más recortes? El globo que han insuflado las administraciones, ¿puede desinflarse sin causar mayor daño? Si el poder político persiste en meter la tijera a los empleados públicos (en lenguaje llano, funcionarios), ¿alguien, de los del otro lado, intentará evitarlo? Y si alguien se plantease en un artículo si sobra personal en las administraciones públicas, ¿viviría para contarlo?
Para comenzar, es necesario conocer el volumen de servidores públicos. En España hablamos de 2,5 millones entre todas las instituciones (estatal, autonómicas y locales); de éstos, el 20% está en Andalucía, casi medio millón. Uno por cada 17 andaluces; uno de cada cinco trabajadores con empleo.
Para continuar, se hace necesario precisar que no todos se dedican a las tareas burocráticas que enojaron a Larra, aquellos funcionarios de manguitos.
Por ejemplo, siete de cada diez funcionarios del Estado pertenecen a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Con las transferencias de competencias a las comunidades, la Administración General apenas se ha quedado con medio millón de empleados en España, unos 80.000 en Andalucía.
Esas competencias han ido a parar en buena parte a la Junta de Andalucía, que supera los 250.000 asalariados. Otros 130.000 funcionarios y laborales reciben su nómina de 771 ayuntamientos y ocho diputaciones andaluzas.
A la suma habría que añadir al menos tres decenas de miles en empresas públicas locales y autonómicas, pero no se facilitan datos oficiales (esta opacidad explicaría la leve disparidad de cifras que aportan el Estado y la Junta).
A la vez que la Junta recibía transferencias y dinero, incrementó su personal. Lejos quedan aquellos primeros pasos en los que la Administración andaluza inició su andadura con 21 funcionarios y 16 laborales. Era 1982.
A esa familia al servicio de la autonomía se unirían miles de transferidos; las primeras y más cuantiosas procedieron de Educación (unos 50.000), en 1983, y Salud (otros 40.000), en 1984. El porcentaje no ha variado: ocho de cada diez empleados públicos de la Junta son hoy docentes o sanitarios.
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