El consejero andaluz de Economía denuncia la "injusta criminalización a Andalucía por el uso de un instrumento perfectamente legal".
EFE, Sevilla | Actualizado 28.08.2012 - 12:37
El consejero andaluz de Economía, Antonio Ávila, ha cifrado en 17 millones de euros las ayudas percibidas irregularmente por los 241 perceptores ilegales de ERE detectados hasta ahora por la Junta, de entre 6.473 beneficiarios, y ha pedido que no se ofrezca una "falsa imagen" de corrupción generalizada.
Ávila ha precisado en la comisión de investigación del Parlamento andaluz sobre estas irregularidades que estos 241 perceptores ilegales suponen sólo el 3,7 por ciento de los 6.473 empleados que recibieron ayudas de prejubilación de la Junta entre 2001 y 2010 y el 0,29 por ciento de los 81.464 trabajadores andaluces afectados por un ERE en dicho periodo.
El consejero ha rehusado precisar la cantidad final defraudada o el dinero recuperado por la Junta al alegar que la revisión de los casi 200 expedientes sospechosos es "un proceso dinámico". Sí ha proclamado que "no debe permitirse un solo caso fraudulento" del uso de recursos públicos, pero ha denunciado la "injusta criminalización que, de manera interesada y, a veces partidista", se ha hecho de los ERE. También ha recordado que los 81.464 trabajadores andaluces afectados por un ERE entre 2001 y 2010 suponen un cinco por ciento del total nacional, porcentaje muy inferior al peso económico y demográfico andaluz en España, por lo que ha deplorado que se dañe la imagen de Andalucía asimilándola como "la tierra de los ERE".
A preguntas de la diputada de IU, Alba Doblas, sobre la "chapuza" del sistema de estas ayudas y del informe de la Intervención de 2005 que expuso la "ausencia" de procedimiento y la vulneración de leyes, Ávila se ha mostrado convencido de que "todos" los procedimientos "son susceptibles de ser eludidos y truncados" y -ha agregado- que "parece evidente que así ha sido". Ha asegurado que ha conocido este informe recientemente, si bien ha estimado que la Intervención "no dice" que el procedimiento facilitara el fraude.
No ha ofrecido, sin embargo, datos cuando Doblas le ha preguntado por cómo se incluyeron intrusos en los ERE o sobre la "falta" de control en la concesión de ayudas a empresas "fantasmas", aunque sí ha admitido que "había que haber hecho un seguimiento y evaluarlo". Carlos Rojas, portavoz del PP, ha interpelado a Ávila por si el Consejo Rector del IFA o de IDEA encargaron una investigación sobre las ayudas que le ordenaba Empleo, a lo que ha respondido que ambas entidades eran "meras pagadoras y no había nada que investigar".
Como otros comparecientes, ha situado la responsabilidad de los fraudes en la Dirección General de Trabajo que dirigía Francisco Javier Guerrero al apostillar: "Las decisiones eran de esa Dirección General si eso es discrecionalidad, pues la hubo". Sí ha admitido que, como presidente del Consejo Rector del IFA, cuestionó en un informe la expresión "incondicionada" para una ayuda porque "no entraba en la lógica".
También ha reconocido que el convenio marco origen del procedimiento investigado "no está regulado en ninguna orden o norma", a lo que Rojas le ha espetado que de esta "opacidad" han surgido" las irregularidades y le ha reprochado que "no leyera" los expedientes de ayudas que ordenaba Empleo y que todo se hiciera "sin publicidad". "Ni era mi misión, ni me consta que nadie lo pidiese. El asunto nunca se ha tratado en el Consejo de Gobierno", ha acotado Avila.
Las preguntas de Enrique Benítez (PSOE) han permitido al consejero explicar las competencias y atribuciones de sus distintos cargos, así como los motivos por los que la Junta impulsó una política de ayudas sociolaborales y a empresas. Avila, alto cargo de la Junta de Andalucía desde 1996, cuando fue nombrado director general de Fondos Europeos, es el primer miembro del actual Gobierno andaluz que preside Griñán que declara en esta comisión, circunstancia que ha subrayado la diputada de IU, Alba Doblas, al destacar los escasísimos casos de gobiernos que comparecen ante comisiones de investigación.
Ávila ha precisado en la comisión de investigación del Parlamento andaluz sobre estas irregularidades que estos 241 perceptores ilegales suponen sólo el 3,7 por ciento de los 6.473 empleados que recibieron ayudas de prejubilación de la Junta entre 2001 y 2010 y el 0,29 por ciento de los 81.464 trabajadores andaluces afectados por un ERE en dicho periodo.
El consejero ha rehusado precisar la cantidad final defraudada o el dinero recuperado por la Junta al alegar que la revisión de los casi 200 expedientes sospechosos es "un proceso dinámico". Sí ha proclamado que "no debe permitirse un solo caso fraudulento" del uso de recursos públicos, pero ha denunciado la "injusta criminalización que, de manera interesada y, a veces partidista", se ha hecho de los ERE. También ha recordado que los 81.464 trabajadores andaluces afectados por un ERE entre 2001 y 2010 suponen un cinco por ciento del total nacional, porcentaje muy inferior al peso económico y demográfico andaluz en España, por lo que ha deplorado que se dañe la imagen de Andalucía asimilándola como "la tierra de los ERE".
A preguntas de la diputada de IU, Alba Doblas, sobre la "chapuza" del sistema de estas ayudas y del informe de la Intervención de 2005 que expuso la "ausencia" de procedimiento y la vulneración de leyes, Ávila se ha mostrado convencido de que "todos" los procedimientos "son susceptibles de ser eludidos y truncados" y -ha agregado- que "parece evidente que así ha sido". Ha asegurado que ha conocido este informe recientemente, si bien ha estimado que la Intervención "no dice" que el procedimiento facilitara el fraude.
No ha ofrecido, sin embargo, datos cuando Doblas le ha preguntado por cómo se incluyeron intrusos en los ERE o sobre la "falta" de control en la concesión de ayudas a empresas "fantasmas", aunque sí ha admitido que "había que haber hecho un seguimiento y evaluarlo". Carlos Rojas, portavoz del PP, ha interpelado a Ávila por si el Consejo Rector del IFA o de IDEA encargaron una investigación sobre las ayudas que le ordenaba Empleo, a lo que ha respondido que ambas entidades eran "meras pagadoras y no había nada que investigar".
Como otros comparecientes, ha situado la responsabilidad de los fraudes en la Dirección General de Trabajo que dirigía Francisco Javier Guerrero al apostillar: "Las decisiones eran de esa Dirección General si eso es discrecionalidad, pues la hubo". Sí ha admitido que, como presidente del Consejo Rector del IFA, cuestionó en un informe la expresión "incondicionada" para una ayuda porque "no entraba en la lógica".
También ha reconocido que el convenio marco origen del procedimiento investigado "no está regulado en ninguna orden o norma", a lo que Rojas le ha espetado que de esta "opacidad" han surgido" las irregularidades y le ha reprochado que "no leyera" los expedientes de ayudas que ordenaba Empleo y que todo se hiciera "sin publicidad". "Ni era mi misión, ni me consta que nadie lo pidiese. El asunto nunca se ha tratado en el Consejo de Gobierno", ha acotado Avila.
Las preguntas de Enrique Benítez (PSOE) han permitido al consejero explicar las competencias y atribuciones de sus distintos cargos, así como los motivos por los que la Junta impulsó una política de ayudas sociolaborales y a empresas. Avila, alto cargo de la Junta de Andalucía desde 1996, cuando fue nombrado director general de Fondos Europeos, es el primer miembro del actual Gobierno andaluz que preside Griñán que declara en esta comisión, circunstancia que ha subrayado la diputada de IU, Alba Doblas, al destacar los escasísimos casos de gobiernos que comparecen ante comisiones de investigación.
EUROPASUR
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