NOTA DE BLOG: SI SE LES DEJA QUE HAGAN LO QUE QUIERAN PRONTO SE APODERARÁN DEL CAMPO DE GIBRALTAR Y DE LA COSTA DEL SOL. TIENEN LOS MEJORES CHALET DE LA COMARCA Y CAMPO DE GIBRALTAR, PERNOCTAN AQUI LA MAYORIA, SE BENEFICIAN DE NUESTROS SUPERMERCADOS, DE NUESTRA SANIDAD Y ENCIMA NO PAGAN IMPUESTOS Y NOS DESPRECIAN. ¿ NO PODRIAMOS DEJAR DE PONER SIEMPRE EL ....... c....?
La Policía Nacional impide el acceso de camiones con arena y grava al Peñón para fabricar este material
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha denunciado ante la Fiscalía de Medio Ambiente el vertido "incontrolado" de 70 bloques de hormigón en las aguas próximas a Gibraltar, según informó en un comunicado.
En su denuncia, el Ministerio considera que el lanzamiento al mar del hormigón, la semana pasada, por parte de un remolcador contratado por el Gobierno gibraltareño "puede constituir un delito medioambiental".
En este sentido, argumenta que dicho remolcador "no tenía ningún tipo de autorización" y se hace eco de las advertencias de los pescadores españoles. "La colocación de estos bloques de hormigón imposibilita el desarrollo de la actividad marisquera española tradicional en la zona, y dificulta la pesca de cerco, puesto que las artes pueden resultar dañadas con los módulos de hormigón", puntualiza.
En su escrito, el Ministerio precisa asimismo que el pasado día 24 el Servicio Marítimo de la Guardia Civil constató, tras la denuncia de pesqueros españoles, que se estaban llevando a cabo operaciones de hundimiento de estos bloques de hormigón.
Tales operaciones desde una plataforma flotante, y con la ayuda de un remolcador y escoltadas por medios marítimos pertenecientes a distintos cuerpos policiales y militares de Gibraltar, continuaron pese a la oposición de los pesqueros españoles y a la presencia del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, agrega Agricultura.
"El Ministerio considera que esta actuaciones, aun cuando puedan tener por objetivo la creación de un arrecife artificial de protección del medio marino como ha afirmado el Gobierno de Gibraltar a los medios de comunicación, se han realizado sin tener la necesaria autorización para ello", dice el escrito, que estima además que estos movimientos "carecen del oportuno título de ocupación del dominio público marítimo-terrestre y del preceptivo informe de compatibilidad con la Estrategia Marina del Estrecho y Alborán".
El Ministerio alega que tampoco se ha tenido en cuenta la cercanía a la Zona Especial de Conservación (ZEC) Estrecho Oriental.
La respuesta del Gobierno español al lanzamiento de bloques de hormigón al mar por parte de Gibraltar no se quedó ayer en la presentación de esta denuncia, pues según pudo confirmar este diario de fuentes solventes, el Cuerpo Nacional de Policía impidió la entrada a Gibraltar de camiones cargados con arena y grava. Según pudo saber Europa Sur, estos camiones eran proveedores de la empresa Basewell Limited, que es titular de una planta de hormigón y se dedica a la fabricación y venta de hormigón en masa.
Este extremo fue ratificado por el Ejecutivo del Peñón. A este respecto, el número 6 indicó que se mantendrá "al tanto de todos los acontecimientos con el fin de determinar si son incidentes aislados o si son parte de la continua campaña ilegal de hostigamiento contra Gibraltar".
Tras la tregua del lunes, las retenciones volvieron a ser protagonistas en la Verja durante la jornada de ayer. Por la mañana, entre las 10:00 y las 12:30 horas, las colas se registraron en los accesos a Gibraltar, tal y como muestra la fotografía que ilustra esta información. Sobre este asunto, el Ejecutivo de Fabian Picardo aseguró que la Policía española preguntaba a cada conductor "si llevaba dinero en efectivo", lo que generó esperas de hasta tres horas.
Ya por la tarde y tras un mediodía bastante tranquilo, según recogía la propia Policía gibraltareña en una conocida red social, los problemas volvieron a la Verja sobre las 18:00 horas, en este caso para salir del Peñón en dirección a España. De nuevo fue necesario habilitar hasta cinco carriles mientras el cuerpo de seguridad del Peñón instaba a no acudir a la zona en coche.
Por su parte, la alcaldesa linense, Gemma Araujo, exigió al Gobierno central "el cumplimiento del compromiso que, a través del secretario general de Pesca, adquirió en la reunión celebrada en Madrid el pasado mes marzo con la presencia de los representantes de la cofradía de pescadores y armadores de La Línea. En dicha reunión, el secretario general de Pesca se comprometió a abonar la Seguridad Social y los sueldos a todos los pescadores linenses por cada día que no pudieran ir a faenar como consecuencia del conflicto con Gibraltar por las aguas", dijo.
En su denuncia, el Ministerio considera que el lanzamiento al mar del hormigón, la semana pasada, por parte de un remolcador contratado por el Gobierno gibraltareño "puede constituir un delito medioambiental".
En este sentido, argumenta que dicho remolcador "no tenía ningún tipo de autorización" y se hace eco de las advertencias de los pescadores españoles. "La colocación de estos bloques de hormigón imposibilita el desarrollo de la actividad marisquera española tradicional en la zona, y dificulta la pesca de cerco, puesto que las artes pueden resultar dañadas con los módulos de hormigón", puntualiza.
En su escrito, el Ministerio precisa asimismo que el pasado día 24 el Servicio Marítimo de la Guardia Civil constató, tras la denuncia de pesqueros españoles, que se estaban llevando a cabo operaciones de hundimiento de estos bloques de hormigón.
Tales operaciones desde una plataforma flotante, y con la ayuda de un remolcador y escoltadas por medios marítimos pertenecientes a distintos cuerpos policiales y militares de Gibraltar, continuaron pese a la oposición de los pesqueros españoles y a la presencia del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, agrega Agricultura.
"El Ministerio considera que esta actuaciones, aun cuando puedan tener por objetivo la creación de un arrecife artificial de protección del medio marino como ha afirmado el Gobierno de Gibraltar a los medios de comunicación, se han realizado sin tener la necesaria autorización para ello", dice el escrito, que estima además que estos movimientos "carecen del oportuno título de ocupación del dominio público marítimo-terrestre y del preceptivo informe de compatibilidad con la Estrategia Marina del Estrecho y Alborán".
El Ministerio alega que tampoco se ha tenido en cuenta la cercanía a la Zona Especial de Conservación (ZEC) Estrecho Oriental.
La respuesta del Gobierno español al lanzamiento de bloques de hormigón al mar por parte de Gibraltar no se quedó ayer en la presentación de esta denuncia, pues según pudo confirmar este diario de fuentes solventes, el Cuerpo Nacional de Policía impidió la entrada a Gibraltar de camiones cargados con arena y grava. Según pudo saber Europa Sur, estos camiones eran proveedores de la empresa Basewell Limited, que es titular de una planta de hormigón y se dedica a la fabricación y venta de hormigón en masa.
Este extremo fue ratificado por el Ejecutivo del Peñón. A este respecto, el número 6 indicó que se mantendrá "al tanto de todos los acontecimientos con el fin de determinar si son incidentes aislados o si son parte de la continua campaña ilegal de hostigamiento contra Gibraltar".
Tras la tregua del lunes, las retenciones volvieron a ser protagonistas en la Verja durante la jornada de ayer. Por la mañana, entre las 10:00 y las 12:30 horas, las colas se registraron en los accesos a Gibraltar, tal y como muestra la fotografía que ilustra esta información. Sobre este asunto, el Ejecutivo de Fabian Picardo aseguró que la Policía española preguntaba a cada conductor "si llevaba dinero en efectivo", lo que generó esperas de hasta tres horas.
Ya por la tarde y tras un mediodía bastante tranquilo, según recogía la propia Policía gibraltareña en una conocida red social, los problemas volvieron a la Verja sobre las 18:00 horas, en este caso para salir del Peñón en dirección a España. De nuevo fue necesario habilitar hasta cinco carriles mientras el cuerpo de seguridad del Peñón instaba a no acudir a la zona en coche.
Por su parte, la alcaldesa linense, Gemma Araujo, exigió al Gobierno central "el cumplimiento del compromiso que, a través del secretario general de Pesca, adquirió en la reunión celebrada en Madrid el pasado mes marzo con la presencia de los representantes de la cofradía de pescadores y armadores de La Línea. En dicha reunión, el secretario general de Pesca se comprometió a abonar la Seguridad Social y los sueldos a todos los pescadores linenses por cada día que no pudieran ir a faenar como consecuencia del conflicto con Gibraltar por las aguas", dijo.
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