NOTA DE BLOG: lA LOCALIZACIÓN NO ES DIFICIL, LA MAYORIA VIVEN EN GRANDES MANSIONES EN LA LINEA, SAN ROQUE, TORREGUADIARO, PUEBLO NUEVO, TESORILLO ,SOTOGRANDE Y TODA LA COSTA DEL SOL. ESPEREMOS QUE ESAS MEDIDAS ESTA VEZ SE LLEVEN A EFECTO Y DEJEN DE DESPRECIARNOS POR TONTOS Y FALTA DE INTELECTO.
El Gobierno prepara un plan de medidas para responder a las últimas acciones del Ejecutivo del Peñón
E. PRESS GIBRALTAR | ACTUALIZADO 04.08.2013 - 01:00
El Gobierno de Mariano Rajoy está preparando un plan de medidas para responder a las últimas maniobras de las autoridades de Gibraltar, que el Ejecutivo considera que han dado un salto cualitativo con el reciente episodio del lanzamiento de bloques de hormigón a la bahía de Algeciras, que ha dejado inutilizado el caladero para los pescadores españoles.
Según fuentes gubernamentales, con el paquete de medidas que se está elaborando, y que incluye la anulación de algunos acuerdos alcanzados durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, se pretende mostrar que "las políticas contrarias a España tienen un coste".
Para ello, se han puesto encima de la mesa medidas de diversa índole, que van desde la creación de una tasa de congestión a los vehículos que atraviesan La Línea con origen o destino en Gibraltar a un plan de lucha contra el fraude fiscal que pasa por localizar a los cerca de 7.000 gibraltareños que tienen su residencia fiscal en el Peñón, pero su residencia "real" en España.
Además, pretende revisar algunas de las concesiones que se hicieron en el marco de la Declaración de Córdoba, firmada en 2006 en el marco del Foro de Diálogo que instauró el anterior Gobierno con el Reino Unido y con Gibraltar y que el Ejecutivo de Mariano Rajoy rechaza ahora de plano, al considerar que otorga a la colonia un "estatus" idéntico al de los dos países.
El Gobierno también se plantea "volver a la situación previa" a la Declaración de Córdoba en lo que se refiere al tráfico aéreo en Gibraltar, uno de los puntos más destacados de dicho acuerdo, que abría la puerta al uso civil del aeropuerto militar en el Peñón y levantaba las restricciones españolas al uso de su espacio aéreo.
De esta manera, el Ejecutivo de Mariano Rajoy propone ahora redefinir la zona restringida de Algeciras, una zona actualmente prohibida para todos los vuelos a excepción de los civiles con un plan de vuelo autorizado, para que pase a ser "zona prohibida a todos los vuelos", una medida que dificultaría las maniobras de acceso al aeropuerto de Gibraltar.
Además, el Gobierno mantendrá su firmeza en el ámbito de la UE a la hora de bloquear la aprobación de cualquier normativa en materia de aviación civil que no contenga una cláusula de suspensión de su aplicación al aeropuerto de Gibraltar.
Al margen de esto, también se está revisando el acuerdo por el que, en el marco de la Declaración de Córdoba, España concedió a Gibraltar en 2006 la conexión de 60.000 líneas telefónicas, que atraviesan el municipio de La Línea de la Concepción, cuyo Ayuntamiento recibe "apenas 4.000 euros anuales" como servidumbre de paso.
En la actualidad, Gibraltar está preparando un nuevo proyecto para potenciar la capacidad de la colonia en comunicaciones telefónicas que consiste en un cable submarino que, al parecer, atravesaría la zona donde faenan los pescadores españoles.
A juicio del Gobierno, aquí puede estar también otra causa del lanzamiento de los bloques de hormigón que han disparado las tensiones: además de perjudicar la labor de los pescadores españoles, facilitar el tendido del cable.
Pero, como ya le trasladara el pasado domingo el jefe de la diplomacia, José Manuel García-Margallo, a su homólogo británico, William Hague, el Gobierno va a continuar defendiendo "los intereses" de los pescadores que faenan en las aguas que rodean el Peñón.
De hecho, el Gobierno contempla en su plan "una actividad marítima moderada y continuada por parte española" en la zona de Gibraltar, con la que transmitir "un mensaje de firmeza y perseverancia" en la defensa de sus posiciones tradicionales. Esto es, en la reivindicación sobre las aguas próximas a Gibraltar.
Además, mantendrá su oposición total al lanzamiento de bloques de hormigón al fondo del mar, que el Gobierno ha denunciado ante la Fiscalía de Medio Ambiente y notificado a la Comisión Europea. Las primeras consecuencias de esta denuncia se han concretado en la inmovilización de varios camiones cargados de grava, hormigón y material de construcción que esta semana pretendían cruzar la Verja con dirección a Gibraltar.
El paquete de medidas que está elaborando el Gobierno también incluye un amplio plan contra el fraude fiscal que contempla nuevas actuaciones de control en los ámbitos de la imposición directa, indirecta y aduanera.
Para empezar, se tomarán medidas para evitar el fraude fiscal que cometen aquellos gibraltareños que tienen su residencia real, pero no fiscal, en España. El Gobierno estima en unos 6.700 los gibraltareños que se benefician o disfrutan de la red de servicios sociales y las infraestructuras en España sin pagar impuestos.
Ahora, se va a tratar de comprobar su residencia real en territorio nacional para "realizar las oportunas liquidaciones tributarias". Además, se va a luchar contra la evasión fiscal consistente en la constitución de sociedades en Gibraltar que tienen como objetivo ocultar la verdadera titularidad de bienes inmuebles en España. De este modo, evitan el pago de impuestos de transmisiones de estos bienes en España.
El paquete se completa con medidas contra el fraude en la tributación indirecta. Para ello, se va a seguir persiguiendo el contrabando de tabaco, a través de exhaustivos controles aduaneros en la Verja y vigilancia en su perímetro y en las playas limítrofes. Además, se intensificarán los controles aduaneros y fiscales de los trasvases de combustible en aguas próximas al Peñón.
La lucha contra estos fraudes es uno de los motivos por los que España seguirá realizando controles en la Verja como los de los últimos días, que han provocado las protestas de las autoridades del Peñón y del Gobierno británico. España defiende que es su "obligación" realizar estos controles de personas, vehículos y mercancías, dado que Gibraltar no forma parte del Espacio Schengen. El Gobierno considera que son "irrenunciables".
Ahora, el Gobierno está estudiando además imponer una 'tasa de congestión a los vehículos que atraviesan La Línea con destino u origen en Gibraltar, cuyos ingresos irían destinados al desarrollo económico del Campo, con una atención especial al sector pesquero, perjudicado por la política de "hechos consumados" de las autoridades del Peñón.
Según fuentes gubernamentales, con el paquete de medidas que se está elaborando, y que incluye la anulación de algunos acuerdos alcanzados durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, se pretende mostrar que "las políticas contrarias a España tienen un coste".
Para ello, se han puesto encima de la mesa medidas de diversa índole, que van desde la creación de una tasa de congestión a los vehículos que atraviesan La Línea con origen o destino en Gibraltar a un plan de lucha contra el fraude fiscal que pasa por localizar a los cerca de 7.000 gibraltareños que tienen su residencia fiscal en el Peñón, pero su residencia "real" en España.
Además, pretende revisar algunas de las concesiones que se hicieron en el marco de la Declaración de Córdoba, firmada en 2006 en el marco del Foro de Diálogo que instauró el anterior Gobierno con el Reino Unido y con Gibraltar y que el Ejecutivo de Mariano Rajoy rechaza ahora de plano, al considerar que otorga a la colonia un "estatus" idéntico al de los dos países.
El Gobierno también se plantea "volver a la situación previa" a la Declaración de Córdoba en lo que se refiere al tráfico aéreo en Gibraltar, uno de los puntos más destacados de dicho acuerdo, que abría la puerta al uso civil del aeropuerto militar en el Peñón y levantaba las restricciones españolas al uso de su espacio aéreo.
De esta manera, el Ejecutivo de Mariano Rajoy propone ahora redefinir la zona restringida de Algeciras, una zona actualmente prohibida para todos los vuelos a excepción de los civiles con un plan de vuelo autorizado, para que pase a ser "zona prohibida a todos los vuelos", una medida que dificultaría las maniobras de acceso al aeropuerto de Gibraltar.
Además, el Gobierno mantendrá su firmeza en el ámbito de la UE a la hora de bloquear la aprobación de cualquier normativa en materia de aviación civil que no contenga una cláusula de suspensión de su aplicación al aeropuerto de Gibraltar.
Al margen de esto, también se está revisando el acuerdo por el que, en el marco de la Declaración de Córdoba, España concedió a Gibraltar en 2006 la conexión de 60.000 líneas telefónicas, que atraviesan el municipio de La Línea de la Concepción, cuyo Ayuntamiento recibe "apenas 4.000 euros anuales" como servidumbre de paso.
En la actualidad, Gibraltar está preparando un nuevo proyecto para potenciar la capacidad de la colonia en comunicaciones telefónicas que consiste en un cable submarino que, al parecer, atravesaría la zona donde faenan los pescadores españoles.
A juicio del Gobierno, aquí puede estar también otra causa del lanzamiento de los bloques de hormigón que han disparado las tensiones: además de perjudicar la labor de los pescadores españoles, facilitar el tendido del cable.
Pero, como ya le trasladara el pasado domingo el jefe de la diplomacia, José Manuel García-Margallo, a su homólogo británico, William Hague, el Gobierno va a continuar defendiendo "los intereses" de los pescadores que faenan en las aguas que rodean el Peñón.
De hecho, el Gobierno contempla en su plan "una actividad marítima moderada y continuada por parte española" en la zona de Gibraltar, con la que transmitir "un mensaje de firmeza y perseverancia" en la defensa de sus posiciones tradicionales. Esto es, en la reivindicación sobre las aguas próximas a Gibraltar.
Además, mantendrá su oposición total al lanzamiento de bloques de hormigón al fondo del mar, que el Gobierno ha denunciado ante la Fiscalía de Medio Ambiente y notificado a la Comisión Europea. Las primeras consecuencias de esta denuncia se han concretado en la inmovilización de varios camiones cargados de grava, hormigón y material de construcción que esta semana pretendían cruzar la Verja con dirección a Gibraltar.
El paquete de medidas que está elaborando el Gobierno también incluye un amplio plan contra el fraude fiscal que contempla nuevas actuaciones de control en los ámbitos de la imposición directa, indirecta y aduanera.
Para empezar, se tomarán medidas para evitar el fraude fiscal que cometen aquellos gibraltareños que tienen su residencia real, pero no fiscal, en España. El Gobierno estima en unos 6.700 los gibraltareños que se benefician o disfrutan de la red de servicios sociales y las infraestructuras en España sin pagar impuestos.
Ahora, se va a tratar de comprobar su residencia real en territorio nacional para "realizar las oportunas liquidaciones tributarias". Además, se va a luchar contra la evasión fiscal consistente en la constitución de sociedades en Gibraltar que tienen como objetivo ocultar la verdadera titularidad de bienes inmuebles en España. De este modo, evitan el pago de impuestos de transmisiones de estos bienes en España.
El paquete se completa con medidas contra el fraude en la tributación indirecta. Para ello, se va a seguir persiguiendo el contrabando de tabaco, a través de exhaustivos controles aduaneros en la Verja y vigilancia en su perímetro y en las playas limítrofes. Además, se intensificarán los controles aduaneros y fiscales de los trasvases de combustible en aguas próximas al Peñón.
La lucha contra estos fraudes es uno de los motivos por los que España seguirá realizando controles en la Verja como los de los últimos días, que han provocado las protestas de las autoridades del Peñón y del Gobierno británico. España defiende que es su "obligación" realizar estos controles de personas, vehículos y mercancías, dado que Gibraltar no forma parte del Espacio Schengen. El Gobierno considera que son "irrenunciables".
Ahora, el Gobierno está estudiando además imponer una 'tasa de congestión a los vehículos que atraviesan La Línea con destino u origen en Gibraltar, cuyos ingresos irían destinados al desarrollo económico del Campo, con una atención especial al sector pesquero, perjudicado por la política de "hechos consumados" de las autoridades del Peñón.
EUROPASUR
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