Sólo Tarifa entra en conflicto con los límites al número de concejales y sueldo de su alcalde En el resto, se permite más margen para ediles liberados y cargos de confianza
A. R. - D. C. - Y. G. T. ALGECIRAS | Actualizado 19.02.2013 - 01:00
Imagen del Pleno de Tarifa de enero, en el que se aprobó la entrada de dos concejales más al gobierno.
La reforma de la administración local que prepara el Gobierno afectará en poco, por no decir en casi nada, a los ayuntamientos del Campo de Gibraltar en lo que concierne al número de concejales que podrán disponer de dedicación exclusiva, al número de cargos de confianza contratados así como al sueldo máximo de los miembros de las corporaciones. Según los detalles del anteproyecto de ley dados a conocer el pasado viernes tras el Consejo de Ministros, y teniendo en consideración las condiciones actuales en los consistorios de la comarca, sólo Tarifa se mueve en los límites que impondrá el Ejecutivo del PP. En el resto de casos, no sólo no se alcanzan los topes avanzados por el Gobierno, sino que los otros seis ayuntamientos del Campo de Gibraltar incluso tendrían autorizado aumentar el gasto político que ahora se han otorgado.
De otro lado, está por ver cómo se desarrollará en la ley otros de los objetivos con los que parte la administración central, esto es, la clarificación de competencias, la racionalización de la estructura local o el control económico-financiero.
En ciudades como Algeciras (grupo de poblaciones de entre 100.000 y 300.000 habitantes) hasta 18 concejales podrán estar liberados, lejos de los que ahora lo están en el ayuntamiento algecireño, 11. Es más, Algeciras no llegaría a este límite ni aunque todos los miembros del gobierno local (16) lo estuvieran. Una holgura similar se observa si lo que se analiza es el número de cargos de confianza que aceptará la reforma. En el Consistorio algecireño están cubiertas 8 de estas plazas (el PP no ha utilizado dos de las aprobadas para Alcaldía, una de ellas la más cara -50.000 euros-) y en poblaciones de ese tamaño se podrán contratar hasta 27 asesores, pues lo que no se podrá es superar el número de concejales total de la corporación.
Por otra parte, los Presupuestos Generales del Estado fijarán anualmente el límite máximo total que pueden percibir los miembros de las corporaciones locales por todos los conceptos retributivos. Se tomará como referencia el sueldo de un Secretario de Estado, que cobra unos 100.000 euros al año. En las ciudades como Algeciras (en este aspecto el grupo está definido de 75.000 a 150.000 habitantes) un munícipe podrá cobrar como máximo 75.000 euros, como un Secretario de Estado menos un 25%. En Algeciras, en realidad, el alcalde, José Ignacio Landaluce, ni siquiera recibe su sueldo del Consistorio, sino que lo hace del Congreso por ser diputado.
En municipios como La Línea (entre 50.000 y 100.000 habitantes) se admitirán 15 concejales con dedicación exclusiva. Como en el caso de Algeciras, lejos de los que ahora hay en el Consistorio linense (cuatro liberados a tiempo completo y tres parciales) e incluso dentro de los límites si todo el gobierno local (12 miembros) tuviera dedicación exclusiva. Por su lado, cargos de confianza en un Ayuntamiento como el de La Línea se permitirán 12 (la mitad de los concejales totales con los que cuenta una corporación de ese tamaño) cuando ahora en el Consistorio linense hay dos. Por lo que respecta al sueldo de los munícipes, La Línea entra en el grupo de ciudades de entre 50.000 y 75.000 habitantes. Eso significa que el miembro de la corporación que más cobre no podrá hacerlo más que un Secretario de Estado menos un 35%, es decir, 65.000 euros. El sueldo de la alcaldesa, Gemma Araujo, es de 53.000 euros.
En San Roque y Los Barrios, ambos en el tramo de 20.000 a 50.000 habitantes, el sueldo máximo para un edil se prevé en 55.000 euros. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, es el que más se aproxima con 54.021 euros frente al regidor de Los Barrios, que se queda en los 39.000 euros exactos. Ninguno cobra el máximo previsto, 55.000 euros (Secretario de Estado menos un 45%).
El número de ediles con dedicación exclusiva en San Roque llega a los nueve. El anteproyecto permite diez. El concejal de Hacienda, Jesús Mayoral, es el único del equipo de gobierno que no está liberado actualmente. Además, desde septiembre, el edil socialista Juan José Puerta dejó de tener competencias y por tanto cesó su remuneración. En cuanto a los asesores, el anteproyecto del Gobierno permitiría contar con siete asesores, sin embargo sólo posee uno en el área de Urbanismo.
Jesús Mayoral indicó que todos los ayuntamientos del Campo de Gibraltar salen favorecidos con este borrador y añadió que el control del Gobierno se realizará únicamente en las grandes ciudades. El concejal de Hacienda sanroqueño se mostró sorprendido del cambio desde el primer borrador en el que se apuntaba como tope en el gasto político el 0,6% del presupuesto del Ayuntamiento, que en el caso de San Roque tan sólo permitiría la liberalización de tres ediles.
En Los Barrios también se cumple con estos preceptos. Del máximo de diez concejales liberados hay ocho (tres de ellos con dedicación parcial) mientras que otros tres no cobran nada (dos son del PP y uno del PA). En cuanto a los asesores, hay cuatro contratados desde enero, si bien el límite aplicable sería igualmente de siete.
Tarifa es el municipio que, a priori, presenta la situación más compleja. Por su rango poblacional (15.000-20.000 habitantes) se le concede un máximo de siete concejales liberados. Actualmente hay diez -tras la incorporación de ULT al gobierno, el pasado enero- mientras que el undécimo cobra por la Mancomunidad. De esta decena, cuatro tienen dedicación parcial. Aún en caso de contar a un edil a tiempo parcial como "medio concejal" se alcanza una cifra de ocho. Por tanto, incumplen los requisitos previstos. Sí está en el límite de asesores (2), pero lo roza en el caso del sueldo de su alcalde. Según el Pleno de organización municipal (junio de 2011), Juan Andrés Gil cobra 52.369 euros y no hay constancia de rebajas posteriores a través de medidas como el Plan de Ajuste, mientras que el límite previsto sería de 45.000 euros.
Al municipio de Jimena le corresponden cinco concejales liberados, que son los que tiene actualmente. El alcalde, Guillermo Ruiz, recibe su remuneración por la Mancomunidad de Municipios. Aquí el límite salarial se prevé en 45.000 euros anuales, cifra que queda muy lejos de lo que realmente cobran, puesto que ninguno supera los 27.000 euros.
Las cuentas en Castellar salen fácil. Se permiten tres concejales liberados aunque actualmente sólo lo está el alcalde, Juan Casanova, quien cobra algo menos de 30.000 euros, justo en el límite conforme al porcentaje aplicable al sueldo de un Secretario de Estado (100.000 euros menos un 70%). Por estar en el rango de municipios con menos de 5.000 habitantes, no tendrá acceso a cargos de confianza, aunque actualmente no hay ninguno.
De otro lado, está por ver cómo se desarrollará en la ley otros de los objetivos con los que parte la administración central, esto es, la clarificación de competencias, la racionalización de la estructura local o el control económico-financiero.
En ciudades como Algeciras (grupo de poblaciones de entre 100.000 y 300.000 habitantes) hasta 18 concejales podrán estar liberados, lejos de los que ahora lo están en el ayuntamiento algecireño, 11. Es más, Algeciras no llegaría a este límite ni aunque todos los miembros del gobierno local (16) lo estuvieran. Una holgura similar se observa si lo que se analiza es el número de cargos de confianza que aceptará la reforma. En el Consistorio algecireño están cubiertas 8 de estas plazas (el PP no ha utilizado dos de las aprobadas para Alcaldía, una de ellas la más cara -50.000 euros-) y en poblaciones de ese tamaño se podrán contratar hasta 27 asesores, pues lo que no se podrá es superar el número de concejales total de la corporación.
Por otra parte, los Presupuestos Generales del Estado fijarán anualmente el límite máximo total que pueden percibir los miembros de las corporaciones locales por todos los conceptos retributivos. Se tomará como referencia el sueldo de un Secretario de Estado, que cobra unos 100.000 euros al año. En las ciudades como Algeciras (en este aspecto el grupo está definido de 75.000 a 150.000 habitantes) un munícipe podrá cobrar como máximo 75.000 euros, como un Secretario de Estado menos un 25%. En Algeciras, en realidad, el alcalde, José Ignacio Landaluce, ni siquiera recibe su sueldo del Consistorio, sino que lo hace del Congreso por ser diputado.
En municipios como La Línea (entre 50.000 y 100.000 habitantes) se admitirán 15 concejales con dedicación exclusiva. Como en el caso de Algeciras, lejos de los que ahora hay en el Consistorio linense (cuatro liberados a tiempo completo y tres parciales) e incluso dentro de los límites si todo el gobierno local (12 miembros) tuviera dedicación exclusiva. Por su lado, cargos de confianza en un Ayuntamiento como el de La Línea se permitirán 12 (la mitad de los concejales totales con los que cuenta una corporación de ese tamaño) cuando ahora en el Consistorio linense hay dos. Por lo que respecta al sueldo de los munícipes, La Línea entra en el grupo de ciudades de entre 50.000 y 75.000 habitantes. Eso significa que el miembro de la corporación que más cobre no podrá hacerlo más que un Secretario de Estado menos un 35%, es decir, 65.000 euros. El sueldo de la alcaldesa, Gemma Araujo, es de 53.000 euros.
En San Roque y Los Barrios, ambos en el tramo de 20.000 a 50.000 habitantes, el sueldo máximo para un edil se prevé en 55.000 euros. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, es el que más se aproxima con 54.021 euros frente al regidor de Los Barrios, que se queda en los 39.000 euros exactos. Ninguno cobra el máximo previsto, 55.000 euros (Secretario de Estado menos un 45%).
El número de ediles con dedicación exclusiva en San Roque llega a los nueve. El anteproyecto permite diez. El concejal de Hacienda, Jesús Mayoral, es el único del equipo de gobierno que no está liberado actualmente. Además, desde septiembre, el edil socialista Juan José Puerta dejó de tener competencias y por tanto cesó su remuneración. En cuanto a los asesores, el anteproyecto del Gobierno permitiría contar con siete asesores, sin embargo sólo posee uno en el área de Urbanismo.
Jesús Mayoral indicó que todos los ayuntamientos del Campo de Gibraltar salen favorecidos con este borrador y añadió que el control del Gobierno se realizará únicamente en las grandes ciudades. El concejal de Hacienda sanroqueño se mostró sorprendido del cambio desde el primer borrador en el que se apuntaba como tope en el gasto político el 0,6% del presupuesto del Ayuntamiento, que en el caso de San Roque tan sólo permitiría la liberalización de tres ediles.
En Los Barrios también se cumple con estos preceptos. Del máximo de diez concejales liberados hay ocho (tres de ellos con dedicación parcial) mientras que otros tres no cobran nada (dos son del PP y uno del PA). En cuanto a los asesores, hay cuatro contratados desde enero, si bien el límite aplicable sería igualmente de siete.
Tarifa es el municipio que, a priori, presenta la situación más compleja. Por su rango poblacional (15.000-20.000 habitantes) se le concede un máximo de siete concejales liberados. Actualmente hay diez -tras la incorporación de ULT al gobierno, el pasado enero- mientras que el undécimo cobra por la Mancomunidad. De esta decena, cuatro tienen dedicación parcial. Aún en caso de contar a un edil a tiempo parcial como "medio concejal" se alcanza una cifra de ocho. Por tanto, incumplen los requisitos previstos. Sí está en el límite de asesores (2), pero lo roza en el caso del sueldo de su alcalde. Según el Pleno de organización municipal (junio de 2011), Juan Andrés Gil cobra 52.369 euros y no hay constancia de rebajas posteriores a través de medidas como el Plan de Ajuste, mientras que el límite previsto sería de 45.000 euros.
Al municipio de Jimena le corresponden cinco concejales liberados, que son los que tiene actualmente. El alcalde, Guillermo Ruiz, recibe su remuneración por la Mancomunidad de Municipios. Aquí el límite salarial se prevé en 45.000 euros anuales, cifra que queda muy lejos de lo que realmente cobran, puesto que ninguno supera los 27.000 euros.
Las cuentas en Castellar salen fácil. Se permiten tres concejales liberados aunque actualmente sólo lo está el alcalde, Juan Casanova, quien cobra algo menos de 30.000 euros, justo en el límite conforme al porcentaje aplicable al sueldo de un Secretario de Estado (100.000 euros menos un 70%). Por estar en el rango de municipios con menos de 5.000 habitantes, no tendrá acceso a cargos de confianza, aunque actualmente no hay ninguno.
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