domingo, febrero 05, 2012

¿Qué hacemos con las diputaciones?

Por Manuel BareaHan cambiado las tornas: el PSOE postula ahora su desaparición y el PP defiende su existencia.
ANDALUCÍA tiene 771 municipios, 96 mancomunidades y 45 entidades locales autonómas (ELA)… Y ocho diputaciones. De nuevo, tras las pasadas elecciones municipales, con la derrota sin paliativos de los socialistas, que las han controlado férreamente durante todo este período, estas instituciones están de nuevo en el ojo del huracán y su futuro es objeto de debate. ¿Qué hacer con ellas? Para el PSOE fueron fundamentales, vitales en el engranaje del aparato. Tanto, que una, la de Granada, allá por 1983, fue motivo de uno de los cismas más sonados dentro del partido.
Se le conoció como la rebelión de los catetos y estuvo liderada por el secretario provincial del PSOE granadino, que se enfrenta al mismo secretario general de entonces, José Rodríguez de la Borbolla, al proponer a Juan Hurtado como presidente de la Diputación frente al valido del presidente andaluz, Javier Torres Vela. La rebelión triunfó, y el partido, desde Madrid, hizo sus purgas…
Historia al margen, ha sonado la hora de repensar las diputaciones. Entre los socialistas, hay una voz de peso que aboga por su eliminación: es la de Alfredo Pérez Rubalcaba, que este fin de semana puede acabar siendo el secretario general de los socialistas… o no. No es el único. Hasta el propio Felipe González ya se ha decantado por su desaparición del entramado institucional. Y sin embargo no hay que olvidar que durante la hegemonía indiscutida del PSOE las diputaciones han sido en no pocos casos una suerte de cementerio de elefantes o de retiro tranquilo de políticos socialistas venidos a menos.
Enfrente, el PP -que antaño enarboló el discurso de la esterilidad de las diputaciones-, aboga ahora, una vez que se ha hecho con ellas gracias a su victoria en las últimas municipales, por el adelgazamiento de su estructura administrativa y la mejora de su eficacia. Pero ahora, para el PP, son imprescindibles.
Esta institución, nacida hace dos siglos, precisamente a la sombra de la Constitución de 1812, tiene desde hace tiempo como principal achaque las interferencias que provoca su funcionamiento, al solapar competencias de las que ya se ocupan los ayuntamientos o la propia Administración autonómica. En su haber, sobre todo reciente, hay que destacar el auxilio que está dispuesta a prestar a ayuntamientos con el agua al cuello.
Manuel Barea es redactor jefe del Grupo Joly

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