Notarios, policías y profesores del reino vecino dejan a sus hijos 'desamparados' para que la Junta sufrague su educación
A. Fuentes / Sevilla | Actualizado 30.10.2011 - 05:04
Notario, profesor de inglés o policía son algunas de las profesiones de padres marroquíes que han dejado solos a sus hijos en la comunidad para que la Administración autonómica se haga cargo de ellos. La Junta les ha identificado. Uno de los casos fue denunciado en 2009. Un policía marroquí dejó a su hija a las puertas de un centro de protección en Algeciras y se marchó, dejándola sin pasaporte. Un tiempo más tarde envió a otra de sus hijas. Cuando la segunda cumplió la mayoría de edad se benefició de un programa de la Junta de Andalucía que facilita el acceso al mercado de trabajo a los menores que han sido tutelados.
Ya habían llegado, por el mismo procedimiento que las dos chicas, sus otros dos hermanos. El padre venía a ver a sus hijos y mantenía un contacto telefónico regular con ellos. A la Junta de Andalucía le cuesta cada menor que tiene bajo tutela 50 euros diarios.
La Administración autonómica denunció este caso al juzgado de instrucción número uno de Sevilla. En un auto fechado en marzo de 2010, la juez dictó el sobreseimiento provisional y archivo de la causa, que fundamentó en que las personas denunciadas no tenían domicilio conocido en España. No obstante, la juez abrió un camino a la Junta al considerar que los hechos investigados son constitutivos de infracción penal "y existen motivos suficientes para atribuir su perpetración a personas determinadas". A este fundamento legal se agarrará la Junta para interponer en los próximos días distintas denuncias en juzgados andaluces para que se actúe contra seis padres.
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Ya habían llegado, por el mismo procedimiento que las dos chicas, sus otros dos hermanos. El padre venía a ver a sus hijos y mantenía un contacto telefónico regular con ellos. A la Junta de Andalucía le cuesta cada menor que tiene bajo tutela 50 euros diarios.
La Administración autonómica denunció este caso al juzgado de instrucción número uno de Sevilla. En un auto fechado en marzo de 2010, la juez dictó el sobreseimiento provisional y archivo de la causa, que fundamentó en que las personas denunciadas no tenían domicilio conocido en España. No obstante, la juez abrió un camino a la Junta al considerar que los hechos investigados son constitutivos de infracción penal "y existen motivos suficientes para atribuir su perpetración a personas determinadas". A este fundamento legal se agarrará la Junta para interponer en los próximos días distintas denuncias en juzgados andaluces para que se actúe contra seis padres.
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